Govern, Consell y Sant Josep crean el Consorcio para la Reconversión Paisajística

Este organismo es el que debe buscar formas de compensación para los propietarios afectados por la prohibición de construcción decretada por la Ley 4/2008 del Govern de Medidas Urgentes para un Desarrollo Territorial Sostenible. Dicha norma recalificaba y protegía 14,6 hectáreas de la zona de Benirràs (Sant Joan), otras 21,6 y 1.500 metros de litoral de Punta Pedrera (Sant Josep), 228,19 hectáreas y 6.240 metros de fachada de costa en Roca Llisa (Santa Eulària), así como 111 hectáreas de suelo rústico en Cala d'Hort.

«Estos terrenos podrían haber sufrido su transformación en urbano, con las pérdidas que eso supondría, por lo que era importante para el Govern lograr su preservación», defendió el conseller balear Gabriel Vicenç.

Grado de consolidación

El responsable d'Ordenació Territorial explicó que la nueva entidad deberá «evaluar el grado de consolidación urbana de estas áreas y valorar si existen aprovechamientos urbanos correspondientes a los propietarios y si se pueden traspasar dichos derechos a otras zonas», señaló.

El conseller Miquel Ramon añadió que «en caso de no ser posible encontrar ubicaciones alternativas para ejercer esos derechos, será el Consorcio el encargado de correr con los gastos de compensación a los propietarios».

Por su parte, el alcalde de Sant Josep, Josep Marí Ribas 'Agustinet', defendió que su equipo de Gobierno «quiere estar donde haga falta para proteger el territorio, sin importar la fórmula o quien lo haga». En referencia a los otros consistorios que no se han sumado al Consorcio (podrán hacerlo más adelante), el primer edil comentó: «Me gustaría que los partidos, que se llenan la boca con la protección del entorno, asumieran responsabilidades, en este caso, participando en el consorcio».

El conseller de Política Territorial, Miquel Ramon, mostró ayer su apoyo a la intención de la Demarcación de Costas de derruir todas las casetas varadero irregulares, sin usos ligados a la pesca o sin valor patrimonial.

«Desde el Consell, en el caso de las que tienen un uso tradicional, se buscan fórmulas de protección», afirmó Ramon, quien apuntó que se había logrado evitar el derribo de varias de estas instalaciones en Sant Antoni, de alto valor patrimonial y cuyo expediente de desafectación había sido iniciado por Costas.

«Todos somos conscientes de que, con la excusa de las casetas varadero, muchas se han convertido en lugares para hacer una torrada o, incluso, en chalets en pleno dominio público y no amparados por título de concesión».

A este respecto, el conseller aseguró que «es una campaña de demagogia la que hace el PP» al pedir que se conserven todas las casetas.

Gabriel Vicenç reconoció ayer que «deberían incrementarse todos los recursos de movilidad que puedan tener las Pitiüses pero es una cuestión de presupuesto». El conseller defendió que desde su departamento «se ha intentado contar con todos los recursos posibles, no sólo los de la propia conselleria, y nos gustaría que pudieran verse incrementados en los próximos presupuestos».

Al mismo tiempo, Vicenç recordó que también se puede conseguir financiación de Madrid y puso como ejemplo que se ha solicitado que algunos proyectos de transporte sean financiados con la inversión estatutaria comprometida por el Gobierno central.