El fin de la casa Cretu

Dos retroexcavadoras funcionaron ayer de forma intensiva y de sol a sol en lo que fue el primer día de ejecución del derribo de la mansión de Michel Cretu. Un ritmo de trabajo que la empresa Construcciones y Exavaciones Erri Berri tiene previsto mantener durante un plazo máximo de un mes para que este monte protegido de Santa Agnès quede «como si no hubiera habido una casa».

Así lo aseguró el jefe de obra de la empresa, Jaime Arriazu, quien destacó que en estas cuatro semanas «entra todo: la demolición de la casa y la piscina e intentar dejarlo todo lo más disimulado posible, como si fuera una ladera». Para ello, cuatro operarios se pusieron ayer al mando de las retroexcavadoras que con sus pinzas «preparadas para demoler el hormigón y cortar varillas», destruyeron paredes, techos y diversas instalaciones incluidas en la estructura.

Según Arriazu, este derribo «no presenta mayor complejidad que otros», excepto por «el acceso» que dificultó la llegada las máquinas, algo que se volverá a repetir al final del derribo, cuando más operarios al mando de una flota de camiones bañera deban ascender al monte para quitar los restos y residuos de la mansión.

Con el inicio de la ejecución del derribo de la casa del afamado músico rumano se cumple así una sentencia de demolición que data del 2001 y que declaró ilegal la licencia que permitió su construcción, por estar en un área protegida. Termina así un largo capítulo de batallas en los juzgados pero se abre otro igual de problemático: el reclamo de la indemnización que pide el músico rumano al Ayuntamiento de Sant Antoni por el derribo de su casa y que alcanza, de momento, los 18 millones de euros. Una suma que el Consistorio, primero, intentará rebajar y, segundo, no quiere asumir en solitario.

En este sentido, el teniente de alcalde, Joan Pantaleoni, aseguró que «el Consell deberá a asumir su parte de responsabilidad porque la licencia se dio, también, porque venía avalada por informes de la Ciothupa», la comisión insular de Urbanismo y Ordenación del Territorio. Pero no sólo por ello Sant Antoni recurrirá al Consell y a otros organismos supramunicipales. También lo hará para «pedir ayuda porque el pueblo, al final, no es el alcalde o el concejal del PP». «El pueblo son los ciudadanos de Sant Antoni que no pueden quedar en la miseria y sin inversiones durante diez años porque se haya cometido un error en el ayuntamiento», indicó.

La licencia

Pantaleoni destacó que, «aunque es justo» que Cretu pida indemnización por la parte de la casa que construyó en base a la licencia, «el montante puede suponer un quebranto importante para las arcas municipales». En este sentido, aseguró que tanto por la vía de la negociación como del contencioso, el Consistorio «defenderá al máximo los intereses de los ciudadanos intentando minimizar la indemnización», tanto en lo que se refiere al exceso de edificación sin licencia «que es sancionable» como al estudio de los criterios del músico para pedir esta cantidad.

Por su parte, la consellera portavoz del Consell d'Eivissa, Pilar Costa, negó «categóricamente» que la máxima institución tenga que asumir algún tipo de responsabilidad. «No es la primera vez que el Ayuntamiento de Sant Antoni intenta implicar al Consell en la responsabilidad del otorgamiento de la licencia», destacó Costa, para quien «la única administración que es responsable de la concesión de una licencia es el ayuntamiento». «Los informes favorables son sólo eso y no obligan a una administración a conceder una licencia. Evidentemente, es el Ayuntamiento el que debe vigilar que cumplen la legalidad».

Por último, Neus Prats, la portavoz del GEN aseguró que Cretu no tiene derecho ninguna indemnización porque construyó a sabiendas de que era ilegal y recordó aún continúa la causa penal contra él.

«A nosotros, el ser ejemplo para toda la isla como dice la portavoz del GEN tan alegremente, no nos hace demasiada gracia», se quejó el teniente de alcalde de Sant Antoni, Joan Pantaleoni, que pide a toda la gente «que empiece a mirar cuántas casas en Sant Antoni están en esta situación y que mire el resto de la isla». «No sé si Sant Antoni se merece ser el ejemplo de la isla cuando pensamos que es el sitio que mejor se ha conservado en cuanto a zonas protegidas, además de Sant Joan. Porque una cosa es el nombre que tengamos y otra cosa es que prácticamente casi todo el municipio son es Amunts», destacó.

Pantaleoni aseguró que la sentencia de derribo está «bien dictada» pero que «es injusta por que el beneficio que se obtiene es mucho menor que el perjuicio que se crea».

Con respecto a la comparación que hace Pantaleoni sobre la casa Cretu y otras que pueden estar en la misma situación en otros municipios, la consellera portavoz, Pilar Costa, aseguró que «es una exposición para justificar lo injustificable». «Mal de muchos, consuelo de tontos», destacó.