Obligan al promotor de la clínica de Jesús a realizar un nuevo estudio ambiental

Según especifican desde el Govern, el anteproyecto presentado analiza únicamente la clínica y no el complejo asistencial con alojamiento que lleva aparejado y que también promueve Iniciativas Médicas de Ibiza y Formentera SL. Este complejo estará formado por una residencia y unos alojamientos tutelados y ocupa la mitad de la parcela. Estará formado por trece edificios, cada uno de ellos con 27 unidades distribuidas en tres plantas más un semisótano, que contará además con un centro social, piscina y tenis y zonas ajardinadas.

Por la «magnitud» de este complejo, se considera imprescindible realizar un nuevo estudio ambiental que analice conjuntamente la clínica y los edificios asistenciales. En él se debe justificar la necesidad de construir estos alojamientos en suelo rústico.

Nueva exposición pública

Debido a que este nuevo documento ambiental incluirá una serie de obras que no han sido contempladas, desde el Govern consideran que se tendrá que someter nuevamente a exposición pública.

En el documento también se pide a la empresa promotora que presente alternativas viables, además de que se recuerda que la construcción debe cumplir las condiciones contempladas en el Plan Territorial Insular respecto a las edificaciones en suelo rústico.

El Govern también exige a la empresa más concreción sobre las vías de comunicación que tendrá este gran complejo, ya que la calle de ses Feixes es estrecha y se supone que el tráfico se incrementará. «Los accesos son insuficientes para el volumen de vehículos que comportarán estas nuevas instalaciones», advierten desde la institución, donde piden que se analice mejor este aspecto y se propongan soluciones «basadas en la situación real».

Además, el estudio de impacto ambiental deberá garantizar que hay suficiente agua y su procedencia, el suministro eléctrico, especificar las técnicas de ahorro energético y la gestión de las aguas residuales.

Estas recomendaciones del Govern se hacen previamente a que el proyecto pase por el máximo órgano ambiental de las Islas, la Comissió balear de Medi Ambient, que es quien debe dar el visto bueno para que el Consell pueda otorgar una declaración de interés general.