El fiscal pide que se vuelva a imputar a Tarrés por falsedad documental

El magistrado había retirado la imputación a Tarrés por considerar que no estaba «probado» que conociera un exceso de construcción cuando hizo la certificación de obra nueva del edificio junto a Joan XXIII. Ahora, el fiscal ha interpuesto un recurso de apelación ante la Audiencia en contra de esta decisión porque la considera «nula de pleno derecho», ya que indica que un juez instructor tiene papel de «investigador jurídico» y no de «juzgador», por lo que no le compete el sobreseímiento provisional anticipado respecto a este imputado sin haber practicado todas las pruebas pertinentes. Según Fiscalía, el magistrado adopta una decisión que ni siquiera esta prevista en la ley y que tilda de «incomprensible».

El fiscal también critica que el juez retire la imputación «sin motivación ni explicación ninguna». «De una forma tácita en el auto se considera que el imputado obró por error o por ignorancia», añade el fiscal, que cree que esta valoración «excede» las facultades de un juez instructor. Además, recuerda que en el Código Penal también se contempla la comisión imprudente del delito de falsedad cuando se trata de funcionarios públicos, algo que también descarta el juez en el auto.

El fiscal hace otra apreciación, y es que considera que no se debería haber hecho una imputación autónoma de falsedad documental separada de los otros delitos (cohecho y prevaricación).

El fiscal en principio había presentado un recurso de reforma, pero en el auto dictado anteayer por el magistrado éste le recuerda que lo que procede es uno de apelación ante la Audiencia, algo a lo que da trámite.

El PSOE sigue optimista

El número dos del PSOE, Julián Aguilar, matizó que este recurso del fiscal entra dentro «del proceso normal» e indicó que no les «quita ni un ápice del optimismo» que tenían cuando el juez retiró la imputación. «Lo único que quiere el fiscal es que se siga investigando, pero no prejuzga nada», señaló Aguilar, que indicó que la Fiscalía se contradice porque por un lado recurre y por otro dice que no se le tendría que imputar de forma autónoma.

En el auto dictado el martes por el juez éste explica también por qué rechazó las preguntas del abogado de Roque López, Andrés Tuells, durante la testifical de la alcaldesa Lurdes Costa. Según el juez, no fue un «capricho o un arbitrio» y por eso considera que las declaraciones de Tuells diciendo que el magistrado «no había querido comprometer a la alcaldesa» son una «afirmación prematura» que daña su imagen, «pudiendo creer los lectores que el juez es parcial o tiene intereses en el Ayuntamiento».

El titular del Juzgado nº 2 recuerda que lo que hay que investigar es si hubo o no entrega de dinero o si hubo tráfico de influencias en la adjudicación del proyecto. Sin embargo, considera que «carece de sentido desde el punto de vista penal» investigar la sobreedificación del edificio Juan XXIII, de donde, según Roque López, iban a sacar beneficios para el pago de comisiones. El juez recuerda que el proyecto de entregar como parte del precio a la constructora el excedente de los metros para el realojo no prosperó. Además, el edificio estuvo paralizado durante dos años y eso no produjo beneficios para Bruesa, sino «numeroso gastos». Por todo ello, el magistrado cree que es un «reparto ilícito de unos beneficios que aún no existen» y considera que lo que realmente hay que investigar es si hubo oferta de dinero y no de dónde podría provenir éste, ya que los fondos también podrían venir de otro lugar teniendo en cuenta que el Grupo Bruesa «es una gran empresa». Por eso, matiza que estudiar la legalidad urbanística del proyecto es más una materia contencioso-administrativa y no penal. En este sentido recuerda que ya se archivó una denuncia sobre la sobreedificación.

El abogado de Roque López, Andrés Tuells, se mostró ayer enfadado con el juez porque en sus declaraciones a la prensa dijo que el abogado tiene «empeño porque salga imputado o manchado el principal líder del PSOE, Xico Tarrés». De hecho, el letrado considera que esto es un juicio de valor «ofensivo y calumnioso» y lo considera un argumento «más político que jurídico». «Me reservo acciones legales contra eso», explicó Tuells, que indicó que no quiere mancillar el nombre de nadie y que sólo cumple con «una obligación».

El abogado de Roque López también se refirió a la denuncia que ha presentado contra el juez Espinosa por cohecho y prevaricación porque la abogada de Tarrés, Ascensión Joaniquet, pagó una deuda de 38.000 euros de su mujer. «El juez dice que eso es un asunto privado, pero no lo es porque Joaniquet no hacía de mediadora, no era testigo y suple la presencia de la mujer del juez», añade Tuells, que indica que los documentos llevan el membrete del despacho de Joaniquet. Además, acusó al juez y a esta abogada de «compartir mesa y mantel» en numerosas ocasiones. «Yo no voy a comer con el juez ni tomo copas con él», dijo Tuells, que quiere que este juez se aparte del caso. También instó al magistrado a demostrar de dónde salieron esos 38.000 euros.

Por otro lado, el juez Espinosa dijo en declaraciones a Radio Ibiza que continuará con las declaraciones previstas aunque se sentirá «incómodo» por todo lo ocurrido.

Andrés Tuells se mostró también muy satisfecho con la «dureza» del recurso presentado por el fiscal, porque considera que le da la razón en varios argumentos. De hecho, el propio Tuells se había quejado también de que la retirada de la imputación era «prematura» porque todavía quedan por practicar pruebas. También criticó el «triunfalismo» de los socialistas cuando se anunció la retirada de la imputación.

El presidente del Consell, Xico Tarrés, no quiso valorar la petición del fiscal por no conocer los detalles.

El juez no ha admitido a trámite la personación de la asociación Afectats Eivissa Centre. «Pensarán los propietarios de Santa Margarita que habrán de conformarse con un nuevo piso en las afueras y que dejarán libres unos solares en pleno centro y que lo que se construya en los mismos será de mucho más valor; pero si firmaron un contrato de permuta podrían no haberlo firmado, y si han sido objeto de expropiación, pueden impugnar la misma por lo Contencioso-Administrativo», dice el juez. En este mismo auto, llama a declarar como testigo al técnico del Ayuntamiento de Eivissa José Antonio Boned el 19 de junio. Roque López se refirió a él en el caso de la adjudicación de las piscinas y ahora es la defensa de Tarrés la que solicita su declaración.