El Partido Popular propondrá al Govern que la futura Ley de Servicios Sociales, que se está negociando en estos momentos y que podría tener su debate en el Parlament dentro de dos meses, incluya la cesión de las competencias en esta materia a los ayuntamientos.
Así lo apuntó ayer el diputado autonómico del PP, Antoni Serra, quien consideró que los consistorios «ya están maduros para asumir esta competencia e, incluso, en muchas ocasiones ya la ejercen».
La principal ventaja que supondría este cambio sería la agilización del proceso de atención a los usuarios de este tipo de servicios y, en especial, de los afectados por la Ley de Dependencia.
«La norma dice que en un máximo de seis meses se debe definir la ayuda concreta que debe recibir el solicitante y ahora nos encontramos con que el tiempo que se tarda es más del doble», aseguró Serra, quien defendió que la falta de fondos y la burocracia son las culpables de estos retrasos.
Falta de definición
El representante popular, que anunció que su partido ha presentado medio centenar de enmiendas parciales y una a la totalidad al proyecto de ley del Govern, explicó otros dos motivos por los que su partido considera inviable la norma.
«Si un ciudadano se lee el proyecto no tendrá claro a qué servicios tiene derecho. No se contempla una cartera de servicios, no concreta qué es lo mínimo exigible a la Administración. Debemos saber lo que se quiere dar al ciudadano para determinar si le debemos dar nuestro apoyo», afirmó Serra.
El otro gran motivo por el que el PP rechaza la propuesta del Govern es que no recoje una memoria económica «que cuantifique el esfuerzo que hay que hacer para ponerla en marcha».
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