El GEN anuncia que la Comisión Europea investiga la concesión del puerto de Ibiza Nueva

Según la formación ecologista, el procedimiento se ha iniciado a raíz de la denuncia impuesta por el GEN al considerar que «el contrato vulnera directivas europeas en materia de contratos públicos».

«Se ha adjudicado como concesión de servicio un contrato que supone obras por entre 20 y 30 millones. De esta manera, se adjudica como concesión lo que es en realidad un contrato de obra pública, impidiendo la adecuada publicidad, el concurso de empresas interesadas y la interposición de los recursos que caben contra las adjudicaciones de obras pero no contra las adjudicaciones de contratos de servicios», asegura la nota de los ecologistas.

Reforma del puerto

Además del rechazo a la forma de concesión del puerto deportivo, los conservacionistas aseguran que la Autoritat Portuària de Balears (APB) otorgó el servicio a Semar «como medida de presión para forzar la aceptación del proyecto del nuevo puerto en es Botafoc».

Según el GEN, la caducidad de la concesión de Ibiza Nueva abría otras posibilidades de remodelación del puerto que la APB «con la complicidad de la alcaldesa de Vila (Lurdes Costa), decidió bloquear esa vía para dar por cerrada cualquier otra opción y hacer realidad un proyecto que supondrá la destrucción del puerto y de su entorno».

Además, los ecologistas rechazan que el proyecto recorte el número de atraques dentro del puerto de Vila y que se hayan fijado unas tarifas «hasta niveles casi inasumibles para la mayoría de los usuarios».

Según el GEN, de demostrarse que se han producido irregularidades en la concesión administrativa, además de anularse el contrato con Semar, la resolución podría acabar en el tribunal de Estrasburgo y podría suponer fuertes sanciones económicas para España.