El fiscal pide cuatro años de cárcel para el ex alcalde Vicent Guasch

Guasch no es el único acusado en este caso, ya que el fiscal también pide una pena de cuatro años y tres meses de cárcel, una multa de 9.000 euros y la inhabilitación especial para el ejercicio de cualquier profesión de extracción de áridos durante cuatro años para los administradores y accionistas de esta explotación, José y Manuel Parrot Gras, a quienes se les atribuye un delito contra el medio ambiente.

Restaurar la zona
El ministerio público quiere asimismo que los tres acusados, con responsabilidad civil subsidiaria del Ayuntamiento de Santa Eulària, Hermanos Parrot SA y Eivicanter SL, sean condenados a la restauración de la zona de la cantera que en su día tenía la consideración de suelo rústico forestal protegido.

El juez ya ha dictado auto de apertura de juicio oral y ha solicitado 12.000 euros de fianza para cada uno de ellos destinada a sufragar la restauración de la cantera.

Este caso, que ya ha sido remitido a la Audiencia para la fijación de la fecha del juicio, se originó gracias a una querella interpuesta por la asociación Hábitat y Basuras hace casi cuatro años. Los hechos se remontan a 1979, cuando la empresa Hermanos Parrot SA obtuvo el aprovechamiento para explotar la cantera de ses Planes del Ministerio de Industria y Energía. Desde Fiscalía recuerdan, sin embargo, que con esta autorización no es suficiente porque también se requería una licencia de actividad y la de apertura y funcionamiento. El Ayuntamiento de Santa Eulària no otorgó permiso para la iniciación de la explotación de esta cantera, algo que según Fiscalía ya sabían los acusados, quienes sin embargo actuaron con «desprecio e indiferencia» hacia las diferentes normativas. A lo largo de los años 80 comenzó la extracción de áridos y el 7 de octubre de 1996 fueron requeridos por el Ayuntamiento de Santa Eulària para que presentasen las licencias de apertura y actividad. Finalmente, el 19 de abril de 2006 la Comisión de Actividades Clasificadas del Consell informó favorablemente la concesión de la licencia de actividad y el 14 de diciembre de 2007 el actual alcalde, Vicent Marí, concedió la licencia de apertura y funcionamiento, por lo que ahora la cantera ya opera de forma autorizada y conforme a los requisitos legales.

Durante este tiempo ha habido cambios, ya que Hermanos Parrot SA se convirtió en arrendataria, siendo la arrendadora Eivicanter SL.
Según Fiscalía, el ex alcalde de Santa Eulària estaba al frente del Ayuntamiento desde 1979, por lo que era conocedor de la ley de disciplina urbanística y exigía licencias para cualquier movimiento de tierra, excavación o apertura de caminos. Sin embargo, según el Ministerio Público, ni los empresarios dejaron de explotar la cantera, ni el alcalde les requirió «incumpliendo de forma flagrante sus obligaciones legales».

De hecho, desde Fiscalía recuerdan que hubo dos dictámenes emitidos por el aparejador municipal y el ingeniero industrial municipal en la que se advertía de la vulneración de la legalidad.

Once normativas
El Ministerio Público asegura que se han infringido hasta once normativas, entre ellas el decreto de actividades molestas nocivas, insalubres y peligrosas, la ley de montes, la ley de suelo rústico de Balears y la ley de disciplina urbanística.

Por eso, considera que los Parrot y el alcalde son responsables de un delito contra el medio ambiente con la circunstancia de funcionamiento clandestino y el primer edil además de prevaricación, por ser responsable por cooperación necesaria omisiva al haber infringido su obligación legal de evitar el riesgo y el daño causado.

La explotación de la cantera de ses Planes ha supuesto, según Fiscalía, la desaparición de una gran superficie de bosque y masa forestal y la destrucción casi completa de una montaña. En 1995 el hueco alcanzaba una superficie de 46.000 m2. También se ha modificado la hidrología el valle y se ha producido una fuerte erosión. Desde el ministerio público alertan asimismo sobre la posibilidad de contaminación por aceites de maquinaria y riesgos como derrumbamientos, caída de materiales, etc. Otro de los aspectos que destacan son los riesgos para la población, ya que en un radio de 2.000 metros existen numerosas viviendas. De hecho, la actividad extractiva ha producido grietas en muros, suelos y techos de una vivienda de Jesús donde incluso reventaron las bombillas a raíz de una explosión en la cantera. Otro vecino relata la caída de piedras en un terreno de labranza. Además, entre los años 96 y 2007 la maquinaria produjo ruidos y niveles de sonoridad que excedían los máximos permitidos provocando, según Fiscalía «angustia, ansiedad e intranquilidad» a los vecinos.