El Govern ya ha iniciado el expediente de revisión del mutuo acuerdo de expropiación que alcanzó con el senador progresista Pere Torres, Casetes, quien ahora deberá devolver a las arcas públicas 400.000 euros debido a un error de la administración en el que se le pagó a precio de urbano un terreno urbanizable.

La Conselleria d'Obres Públiques estaba esperando un informe jurídico para saber cómo debía obrar en este asunto. Este dictamen llegó hace escasos días y ahora se ha procedido a la revisión del expediente para que el afectado pueda presentar alegaciones.

En el caso de Empresas Matutes, que debe devolver al Govern más de dos millones de euros porque se les computaron tres fincas como urbanas cuando eran rústicas, la Conselleria les ha enviado una relación de bienes y tienen 20 días de plazo para presentar una valoración suya. En caso de que no hubiera acuerdo se enviaría al jurado provincial de expropiación.

No hay más casos

El director general d'Obres Públiques, Antoni Armengol, explicó que han estado revisando las expropiaciones de las carreteras y no hay ningún otro caso en el que se hicieran mal. «Estos dos casos [el de Matutes y Casetes] están conectados porque eran el mismo plan parcial; se calificaban erróneamente como urbanos y son urbanizables; no hemos encontrado ningún error más en los mutuos acuerdos que hemos hecho», explicó Armengol, que indicó que ya han alcanzado mutuos acuerdos con los expropiados de las autovías de Sant Antoni y el aeropuerto por valor de 4,5 millones, lo que supone un 40 por ciento. En 2009 se volverá a intentar con aquellos propietarios con los que no se haya llegado al acuerdo final.

Además, el director anunció que en 2009 comenzarán a resolver detalles que afectan a propietarios particulares de las carreteras. «Quedan muchos flecos, pequeñas cosas para la carretera pero muy importantes para los particulares y confiamos que este trabajo pueda estar terminado en junio, aunque siempre puede salir alguna otra pequeña cosa», explicó.

Todavía está pendiente la retirada de las tierras procedentes de las obras de la autovía al aeropuerto que se depositaron en el terreno donde Empresas Matutes quería hacer un campo de golf. Obres Públiques todavía espera un informe de la abogacía de la Comunidad Autónoma para saber si se puede retirar ya el material a una cantera o al vertedero.

El Govern tiene previsto adjudicar la auditoría de las autovías en febrero. Los retrasos se deben a que la tramitación es muy compleja, además de que hubo un primer concurso fallido. Lo primero que se hará una vez ya esté adjudicada es encargar un dictamen sobre si hay que hacer la ronda sur de Sant Antoni o no. El presidente del Consell d'Eivissa, Xico Tarrés, indicó que pese a los retrasos la auditoría es «necesaria» porque sigue habiendo dudas en la calle sobre cómo se construyeron las carreteras y hay que saber si «se pagó de más» o hubo «cosas mal hechas».