El pleno del Consell aprobó ayer por unanimidad el proyecto de rehabilitación del edificio de la Comandancia Militar, que se transformará en sede de la Universitat de les Illes Balears (UIB), y albergará también el Arxiu d'Imatge i So y el Centre d'Investigació i Estudis Avançats. Según explicó la consellera de Política Patrimonial, Marga Torres, lo más probable es que a mediados de 2009 se puedan adjudicar las obras, que estarían terminadas a principios de 2011.
El grupo popular votó a favor del proyecto y confió en que se haga «lo más rápido posible». La consellera del PP Carolina Torres recordó que fueron unas obras que impulsaron ellos y que ya «tendrían que estar en marcha».
El coste de esta reforma es de 8,7 millones de euros y el proyecto que se presentó ayer es el que ya se hizo en su día. Se conserva la fachada actual, que está declarada Bien Catalogado y la reforma afectará al interior del inmueble, que se vaciará por completo para albergar aulas, laboratorios, salas, despachos y una biblioteca.
Según explicó la consellera Marga Torres, alrededor de la Comandancia hay una explanada donde se construirá un subterráneo y que albergará dos zonas más: un auditorio y un compartimento destinado a usos administrativos. «Esto lo que hará es enlazar la Comandancia, hacia abajo, hacia la ciudad», aclaró Torres, que indicó que han respetado el proyecto que se hizo en su día porque era «muy voluminoso». Sin embargo, no se ha podido comenzar antes porque sólo había un proyecto básico y faltaba el de ejecución y el de instalación. Además, sólo había una parcela comprada, la A, y hacía falta también la B, cuya adquisición al Ministerio de Defensa se ha materializado hace poco. Este solar era necesario para hacer el edificio subterráneo. Asimismo, se comprará una tercera parcela, la C, paralela a la calle Joan Xico, que se aprovechará para hacer un jardín.
Además también se prevé conectar más adelante el actual aparcamiento de es Soto con la entrada principal de la Comandancia con unas escaleras mecánicas. En un principio el acceso será en coche por detrás o a través de escaleras normales.
La intención del Consell es también incluir un centro de investigación para atraer a científicos a la isla y un centro de desarrollo empresarial y mutlimedia. Asimismo, habrá espacios especfícos para salas de exposición y para el centro cultural de imagen y sonido.
Por otro lado, en el pleno del Consell se aprobó por unanimidad la declaración como Bien Catalogado del molino de Puig d'en Valls, que data del siglo XVIII y fue restaurado a comienzos de los años 90. Asimismo, se dio luz verde a la declaración como Bien Catalogado del molino, la acequia y otros elementos de s'Olivera en Puig d'en Valls, todo ello construido a mediados del siglo XX. Por último, se aprobó la declaración como Bien Catalogado del molino de agua y de la acequia de Can Jordi Jondal de Sant Jordi, construido en 1950 y que sufrió efectos devastadores de un pequeño tornado en los años 90.
Durante la sesión plenaria, que fue la última del año y duró una escasa media hora, también se aprobó la modificación del reglamento de la comisión insular de protección de menores del Consell.
Ambos grupos políticos se pusieron ayer de acuerdo para reclamar al Gobierno central la creación de una oficina de extranjería en Eivissa. En el texto aprobado conjuntamente se solicita al Estado que autorice y dote la apertura en el «mínimo tiempo posible». También quieren que se aumenten los recursos humanos y económicos de la delegación del Gobierno en las Pitiüses para atender a los inmigrantes mientras se tramita la apertura de una oficina de extranjería. Para solicitar esta infraestructura, desde el Consell recuerdan que el 20 por ciento de los habitantes de Balears son extranjeros. En las Pitiüses, el porcentaje aumenta hasta un 24,7 por ciento, de forma que casi uno de cada cuatro pitiusos no tienen la nacionalidad española. «Una parte muy importante de esta población inmigrante ha venido durante los últimos años; de hecho, desde 2002 a 2007 el número de extranjeros ha crecido en las Pitiüses en un 62%», dice el texto consensuado, que recuerda también que los esfuerzos han sido hasta el momento «insuficientes» para atender la importante llegada de personas inmigrantes en un período tan breve. Además, el hecho de depender de la oficina de Palma también retrasa a menudo los trámites.
El equipo de gobierno logró ayer también el apoyo del PP para aprobar el convenio de carreteras con el Ministerio de Fomento, que permitirá la llegada de 55 millones de euros para construir las vías de Santa Eulària a Sant Carles, las de Sant Joan y Sant Miquel y la variante de Jesús. El portavoz del PP, Pere Palau, criticó que el convenio «llega demasiado tarde» porque hace dos años que estaba hecho. También criticó que con la nueva redacción los excesos de precio en las obras los tendrá que asumir el Consell. Asimismo, dudó de que vayan a llegar los 23,5 millones que ha comprometido el Govern para invertir en carreteras.
El conseller de Mobilitat, Albert Prats, defendió que no se ha retrasado ninguna obra y que se ha conseguido que los proyectos se controlen desde aquí y no desde Madrid. Asimismo, resaltó que en el anterior convenio ya se contemplaba que los excesos de precio los tendría que asumir el Consell. Asimismo, defendió que se haya incluido la reforma de la vía de Santa Eulària a Sant Carles por su peligrosidad y aseguró que el dinero del Govern llegará.
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