La Plataforma por la Convivencia, que agrupa a colectivos sociales que trabajan con personas inmigrantes, pidió ayer a la Dirección Insular que «reconozca de una vez que los temas de extranjería no se está gestionando de forma adecuada en Eivissa, porque hasta que no lo admitan no van a realizar acciones concretas y decididas para que se abra la oficina de extranjería», dijo ayer Jacobo García, de Cáritas, uno de los representantes de la Plataforma, ante la postura de la Delegación del Gobierno y la Dirección Insular acerca de la reivindicación de la apertura de una oficina de extranjería en Eivissa desde 2002.

El colectivo dejará de ocuparse de este asunto tras la apuesta decidida por este recurso de las instituciones y los partidos por la que expresó su satisfacción. «El Consell, el Govern y los partidos políticos han asumido esta reivindicación como propia y lo dejamos en sus manos para que lo ponga en marcha; esperamos no tener que volver a preocuparnos por este tema y que lo hagan ellos», añadió.

Crisis

A partir de ahora, sus esfuerzos irán encaminados a la función inicial por la que se puso en marcha la Plataforma que es de «luchar por los derechos y deberes de los inmigrantes en estos momentos de crisis social y económica, en los que vemos con preocupación en que se v empieza a responsabilizar a los inmigrantes de la crisis», apuntó.

Los inmigrantes también se refirieron a las medidas del gobierno para el retorno a su país. «El retorno voluntario es una zanahoria que han puesto a los inmigrantes», dijo Víctor Heyn, de la Asociación de Paraguayos, en relación al retorno voluntario con el cobro adelantado de las prestaciones del paro que «no funciona», ya que se han acogido menos de un millar de personas en toda España. Sin embargo, para el retorno voluntario dirigido a los que no tienen papeles con el pago del billete para su vuelta a su país «los presupuestos son mínimos» pero las peticiones son numerosas. Heyn aseguró que en Eivissa sólo desde su asociación «se han ido 487 paraguayos», según los datos hasta enero de 2009.

La Plataforma criticó la demora de la administración en facilitar el dinero para el retorno voluntario, ya que se tardan hasta siete meses desde que lo solicita para conseguir las ayudas por los que muchos de ellos optan irse por su cuenta o con ayuda de amigos.

La actuación de la Dirección Insular en la reivindicación de la oficina de extranjería fue cuestionada ayer por la Plataforma y, sobre todo, de José Manuel Bar. «Después de tres o cuatro años de reuniones, lo último que supimos en 2007 fue la promesa de la apertura de la oficina, poco después abandonó el cargo y no hemos vuelto a saber de él, hasta hace unos días que anunciaba una inversión de 1.325.000 euros de la puesta en marcha de servicios de vigilancia exterior, como radares para controlar la introducción de drogas y contra la emigración ilegal. Habría que recordarle que ha habido una única patera y por qué se equivocaron de rumbo» dijo García. También se le ha invitado a Foro de la Inmigración, «pero no ha acudido ni ha respondido por escrito a las consultas que hemos realizado. No tenemos constancia de que haya realizado la más mínima actividad, como representante de la ciudadanía ibicenca en la administración central y del PSOE de Eivissa, para que una oficina delegada que él mismo prometió se realice», explicó Jacobo García, de Cáritas.