Las patronales de comercio mallorquinas, Afedeco y Pimeco, estimaron ayer que podrían llegar a cerrar unos 2.000 establecimientos y a perderse más de 5.500 puestos de trabajo directos, si la nueva ley de comercio aplica el criterio del Gobierno Central que aplica las restricciones a las grandes superficies únicamente a los establecimientos de más de 2.500 metros cuadrados. La propuesta consensuada por el Govern con el sector fija el límite en 700 metros en el caso mallorquín, 400 en el ibicenco y 200 en el de Formentera.
Los presidentes de ambas organizaciones, Bartomeu Servera y Bernat Coll, respectivamente, pidieron a todos los grupos parlamentarios que «agilicen la tramitación» de la nueva Ley de Comercio y advirtieron que el sector «está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer» para conseguir que se replantee la cuestión de las grandes superficies.
Entre las medidas que podrían adoptar, no descartaron los cierres patronales y otras medidas de presión que «llevaremos hasta las últimas consecuencias», ante la posibilidad de que se llegue a la «ruina» definitiva de alrededor de dos millares de comercios de un total de 35.000 establecimientos existentes en la actualidad a lo largo y ancho de todas las islas, según las cifras que manejan las patronales.
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