El director general d'Obres Públiques, Antoni Armengol, anunció ayer que el Govern no seguirá trabajando con la empresa Apia XXI, que fue la que redactó el proyecto de la autovía al aeropuerto y cometió el «grave error» de las expropiaciones. Por este fallo, ahora Empresas Matutes tiene que devolver al Ejecutivo autonómico casi 2,2 millones de euros y el senador Pere Torres, Casetes, 400.000.
Actualmente Apia XXI seguía trabajando para la Conselleria en el arreglo del drenaje de la autovía al aeropuerto pese a que la Plataforma Antiautopista ya había reclamado en alguna ocasión que no la se contratara más. «Defendíamos que son profesionales y tienen mucho prestigio, además de que trabajan para todos los colores políticos y conocen perfectamente el proyecto de la autovía al aeropuerto, por lo que eran los mejores también para hacer los drenajes», expresó Armengol, que indicó que ha llegado un punto en el que no se puede confiar más en ellos. «No podemos continuar con esta equivocación», dijo el director general, que indicó que no se rescindirá ningún contrato ni se reclamará ningún dinero, pero no se seguirá contando con ellos para continuar con las fases más avanzadas del drenaje. Ahora este proyecto lo redactará la dirección general y pedirá un asesoramiento técnico puntual en todo lo que necesiten. «Es un error muy grave y aunque cualquiera se puede equivocar ellos pusieron que las parcelas del señor Torres y del señor Matutes son urbanas», expresó el director general.
Desde el Govern se ha iniciado una investigación de todos los expedientes de expropiación para saber si hay más fallos, aunque en principio parece un «caso aislado y puntual». El error se detectó al hacer la valoración de las fincas de Matutes, porque sus representantes pidieron que se les pagara con precio de urbano. «Les dijimos que era urbanizable y entonces ellos nos expusieron el tema de Casetes y nos dimos cuenta de nuestro un error, un error inconsciente», explicó Armengol, que indicó que no aceptaron la exigencia de la familia Matutes de que se les pagaran 150 euros el m2. El Govern ya está preparando la documentación para remitir al Juzgado de Instrucción nº 1, que está investigando el pago de estos suelos de los Matutes como urbanos. Armengol indicó que no le gusta hablar de casos particulares, pero indicó que Matutes ha utilizado técnicas «políticas» para negociar su mutuo acuerdo al convocar una rueda de prensa.
El director general indicó que desde el Govern están las 24 horas disponibles para que Empresas Matutes acuda a firmar los mutuos acuerdos de expropiación de las tres fincas rústicas, por las que tiene que retornar 1,9 millones. Si no están de acuerdo con la devolución del dinero siempre pueden recurrir al jurado provincial y más tarde interponer un recurso contencioso administrativo. Armengol no quiso pronunciarse sobre si pudo haber trato de favor del Govern del PP al pagar tres fincas de Matutes que siempre han sido rústicas a precio de urbano en el depósito previo. «Lo que es cierto es que no hay ninguna duda de que son rústicas y no puede haber confusión como con Can Bonafé o como la de Casetes», dijo Armengol, que no quiere hacer más valoraciones porque se está investigando penalmente.
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