C. Roig29/11/08 0:00
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El equipo de gobierno y el PP alcanzaron ayer un consenso para reclamar conjuntamente al Gobierno del Estado más policías y un juzgado especializado en violencia de género. Este acuerdo se consiguió después de que el conseller del PP Vicent Serra lamentara que el PSOE-ExC hubiera presentado una moción «parcial, partidista y sin autocrítica» cuando consideró que en estos temas debería haber «consenso». «Me puso los pelos de punta cuando la leí», expresó Serra, que quiso presentar a su vez una propuesta alternativa. Finalmente, el presidente del Consell consideró «triste» que ambas formaciones no se pudieran poner de acuerdo en un tema como este y pidió que se consensuara.

Traspaso de la estación de autobuses de Sant Antoni al Consell El pleno aprobó por unanimidad la cesión de la estación de autobuses de Sant Antoni al Consell. El PP mostró su preocupación porque hay horas en las que la estación está cerrada y no hay ni servicios ni cafetería, unos problemas que podrán solventarse con la cesión al Consell y así lo manifestó el conseller Albert Prats. Rechazan una propuesta del PP para cubrir el pago de libros de texto El PP quería que el Govern aumente la cantidad que paga actualmente para subvencionar los libros de texto y que se amplíen las ayudas a todos los estudiantes de primaria y secundaria. Sin embargo, el conseller Marià Torres rechazó la moción y recordó que los ayuntamientos del PP son los que menos dinero aportan. El PP pregunta por la biblioteca del Estado para Eivissa La consellera popular Carolina Torres explicó ayer que el Gobierno central todavía espera que el Govern le pida la creación de una biblioteca pública del Estado en Eivissa. El conseller Marià Torres sostiene que ya la han pedido y hay un solar disponible al lado del recinto ferial donde se situarán además los archivos y el museo arqueológico. Los bienes patrimoniales expropiados por el aeropuerto se documentarán La consellera de Política Patrimonial, Marga Torres, explicó que han colaborado en la delimitación de los bienes patrimoniales que se van a destruir con la ampliación de la pista del aeropuerto y que han solicitado una documentación exhaustiva para después poder actuar en consecuencia.

Finalmente se logró un texto conjunto en el que el Consell pide al Gobierno un incremento del número de efectivos que integran las unidades policiales creadas para combatir la violencia de género, dedicadas exclusivamente a la protección de la mujer víctima de la violencia doméstica, incidiendo especialmente en el hecho de que estén formados para llevar a cabo estas labores. Por otro lado, se insta a crear un nuevo juzgado especializado en violencia de género, dotándolo de los medios materiales y humanos necesarios para «garantizar su efectivo funcionamiento», cumpliendo con el mandato legal de la ley integral contra la violencia de género. Además en el texto común también se incluye la petición de contar con todos los recursos posibles.

Cas Serres

La consellera de Política Social, Patricia Abascal, explicó ayer que están negociando un nuevo concierto en el hospital residencia de Cas Serres para que el Govern asuma 50 camas y la ley de dependencia cubra otras 90. De esta manera se quieren reducir los ocho millones de euros que le cuesta al Consell esta instalación. Además, Abascal aseguró que ya se está trabajando para que el actual Can Misses sea centro sociosanitario y se traslade parte del personal de Cas Serres, que se convertirá entonces en residencia.

También indicó que no dará una fecha de finalización de la residencia de Sant Jordi, donde se está negociando que el Govern acepte la gestión de salud mental, y lamentó que haya habido que anular el contrato con la de Sant Antoni. También negó que haya falta de coordinación entre Ib-Salut y las residencias porque hay reuniones periódicas. Abascal anunció todas estas acciones en una interpelación realizada por el conseller del PP Vicent Serra.

C. R.

El conseller del PP José Torres se mostró ayer preocupado proque cree que la nueva norma territorial cautelar aprobada ayer definitivamente por el Consell puede retrasar la construcción del nuevo hospital. Torres se refiere a uno de los puntos de la normativa, que recoge la imposibilidad de simultanear la urbanización y la construcción.

Miquel Ramon aseguró que esto ya viene contemplado en la nueva ley del suelo y tan sólo se ha recogido. «Como es normal, lo lógico es que primero la parcela adquiera su condición de solar para luego poder comenzar a construir», explicó Ramon, que indicó que en el pasado hubo problemas porque las urbanizaciones no se acababan correctamente.

A través de esta norma cautelar se dicta una moratoria sobre Roca Llisa, Calad'Hort, Punta Pedrera, Benirràs, Illa Blanca y na Xemena. Además, se convierten en rústicos ses Variades y varios urbanizables de Cala Tarida, Port des Torrent y Platja d'en Bossa, aunque algunos de ellos ya están bastante consolidados. «Son los ayuntamientos los que luego deberán definir lo que será rústico y urbano», expresó Ramon, que indicó que han recibido un total de 18 alegaciones a la norma. Cinco son de Roca Llisa, dos de ses Variades, dos de na Xamena, una de Illa Blanca y una de Benirràs. El resto no tenían nada que ver con la norma, porque se referían a un urbanizable de Cala Llenya y a otro suelo desclasificado de Cala d'Hort como consecuencia del PTI.

Casi idénticos

El texto definitivo es prácticamente el mismo que el inicial y sólo se incorporan algunos detalles técnicos aportados por el Govern. No se ha aceptado ninguna alegación ni ningún informe, porque los ayuntamientos de Sant Joan, Santa Eulària y Sant Antoni pedían la eliminación de la protección. La norma se aprobó con el voto en contra del PP.