'Casetes' tendrá que devolver 400.000 de las expropiaciones

El mutuo acuerdo se firmó durante esta legislatura, cuando ya estaba la izquierda en el poder. Al parecer, Casetes presentó la documentación creyendo que los terrenos eran urbanos cuando no lo son. Desde la Conselleria aseguran que ya se ha comunicado el error al senador.

En este caso, el destino de Casetes está unido al de Abel Matutes, porque el plan parcial del senador es el mismo que afecta a la finca de Can Bonafé, propiedad del ex ministro, según informaron ayer diversas fuentes. Matutes compró Can Bonafé a precio de rústico antes de que fuera expropiado y lo cobró como urbano con el anterior Govern del PP. Por lo tanto, cabría pensar que en ambos casos el terreno es urbanizable y que Matutes debería retornar dinero también por esta finca, una cifra que todavía no ha sido calculada por el Govern.

Lo que sí se cifrado es lo que debe devolver el ex ministro de las otras tres fincas rústicas donde se iba a ubicar el golf. En ese caso se le piden dos millones de euros porque también se ha detectado un error administrativo en el que se le pagaron las fincas como urbanas cuando eran rústicas.

Desde Obres Públiques explicaron ayer que la «ley se aplica a todos por igual» y recordaron que los precios de las expropiaciones no son negociables, porque se cobra en función de si es rústico o urbano y no dependiendo de su mejor o peor ubicación.

Desde el Govern también aseguran que esto ya se había informado a Empresas Matutes, pese a que el ex ministro lo niegue.

Según explicaron desde la Plataforma Antiautopista, que en su día denunció ante Fiscalía estos hechos, las tres fincas rústicas por las que Matutes tendrá que devolver el dinero aparecían en el catastro como rústicas aunque luego «sorprendentemente» desde el Govern se pagaron como urbanas. En el caso de Can Bonafé sí que en el catastro se recogía que era urbana por tener un plan parcial.

Desde la Plataforma explican asimismo que cuando prepararon la denuncia revisaron toda la lista de fincas del proyecto y no detectaron «errores generalizados». Sí que admiten que es interpretable la clasificación de Can Bonafé, pero en este caso lo que se critica es la posible información privilegiada que podía disponer Matutes por ser su hija consellera.

Desde el Ayuntamiento de Sant Josep explicaron ayer que hace poco desde Obres Públiques les reclamaron diferentes certificaciones de terreno y en el caso del terreno de Casetes y de Can Bonafé se informó de que había un plan parcial no desarrollado, por lo que el Govern debe interpretar si era urbano o urbanizable en 2005. El Ejecutivo autonómico se inclina por esto último y Sant Josep también, aunque el concejal de Urbanisme, Josep Antoni Prats, matiza que sólo han informado de la situación del plan parcial sin emitir opinión de si el suelo es urbano o urbanizable. En el caso de las otras tres fincas de Matutes, el Ayuntamiento tiene claro que son rústicas y una incluso invade el parque natural y así se lo ha comunicado a Obres Públiques. Toda esta información se transmitirá ahora al Juzgado, que está investigando este tema.