C. Roig26/11/08 0:00
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El peaje en sombra de las autovías costará al Govern 14 millones de euros en 2009. Así lo reveló ayer la diputada de Eivissa pel Canvi Marián Suárez, que explicó que en el caso de la autovía al aeropuerto la cifra alcanzará los 6,3 millones y en la de Eivissa a Sant Antoni 7,7 millones. La parlamentaria calcula que el Govern tendrá que abonar cantidades similares durante 25 años, lo que arroja una cifra final de 350 millones de euros, a lo que hay que sumar el coste de construcción de ambas carreteras, que asciende a unos 180 millones.

El peaje en sombra se paga a las concesionarias del servicio en función de los vehículos que pasen por las carreteras, por lo que cada año el coste podría ser diferente. A cambio, las empresas conservan y realizan el mantenimiento de las vías. Este sistema de pago fue muy criticado en su día tanto por la izquierda como por la Plataforma Antiautopistas.

Suárez explicó que esto es una «hipoteca» que ahora se paga por «decisiones equivocadas» que ahora «revelan su auténtica dimensión». «¿A qué nos hacían renunciar cuando se optava a construir las autovías?», se pregunta la diputada, que considera que este dinero ahora podría haberse empleado en unas mejoras viarias «a escala» de la isla y a potenciar el transporte pública.

La diputada recuerda también el «sobrecoste» del metro de Palma, que alcanza el 46 por ciento y que, a día de hoy, habrá costado al Govern 343 millones de euros. Para hacer frente a este pago se tendrá que recurrir a una operación de crédito hasta el año 2031 que subirá el coste final hasta los 508 millones de euros.

Numerosas instituciones recurren actualmente al sistema de peaje en sombra para financiar las carreteras. De hecho, algunos expertos sostienen que actualmente es una de las fórmulas que resulta más rentable a las empresas, tras el peaje puro y duro. Bajo este modelo, las concesionarias que gestionan las vías corren con la inversión de la obra y luego perciben un canon anual en función del número de usuarios de las vías.

Habitualmente, en el contrato entre ambas partes se fija un máximo de coches por los que pagar y, una vez superado, se suspenden las retribuciones. La fórmula es sencilla pero, según sus detractores, esconde un enorme coste.