La Autoritat Portuària de Balears (APB) empezará a mantener reuniones en los próximos meses para definir el concepto de 'náutica social' (tarifas especiales para que colectivos como los jubilados puedan atracar o fórmulas para favorecer la introducción en la navegación) y cómo debe garantizarse el acceso a diferentes colectivos al amarre de embarcaciones en el concurso de la concesión que actualmente ocupa el Club Náutico de Ibiza y que finaliza el año próximo.
«Tenemos tiempo todavía pero es un tema en el que, a principios de año, tendremos una primera reunión específica para plantear cómo trataremos esta cuestión, cómo definimos la náutica social para que los amarres de este tipo se puedan mantener», aseguró Francesc Triay, presidente de la APB.
La entrega a una empresa privada de la concesión que desde hace décadas tenía el Club Náutic de Maó, lo que ha provocado protestas en Menorca al considerar que encarece los amarres y elimina una escuela de vela, han provocado ya que algunos amarristas del club ibicenco hayan mostrado su preocupación por que se pueda primar en el concurso la oferta económica y dejar de lado las actividades sociales.
Para Triay, lo ocurrido en Maó fue un problema de la oferta presentada por el club. «Creo que pensaban que no habría otras ofertas que compitieran con ellos y no hicieron una propuesta para competir, ni desde el punto de vista económico ni desde el punto de vista de dedicación a sus objetivos sociales», explicó.
Según el directivo de la APB, los objetivos sociales figuran en los concursos y los clubes náuticos «tienen la posibilidad de competir con las empresas gestoras de amarres».
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