«Los promotores deben pensar que los beneficios han de bajar»

-Se ha mostrado muy satisfecho por el elevado número de ofertas de suelo que se han presentado para construir VPO.

-La satisfacción viene porque en un momento de incertidumbre económica no sabíamos qué respuesta tendría la convocatoria de suelo. Si los promotores y propietarios no hubiesen ofertado suelo suficiente para cubrir las 5.000 viviendas, que pretendemos que sean de protección pública, se hubiese ralentizado la política de vivienda de protección que quiere hacer el Govern.

-¿Cuántas VPO se podrán construir?

-Las propuestas que se han presentado tienen una capacidad residencial de 28.715 viviendas, de las que el 57 por ciento serán de protección pública. Por tanto, si hablamos del orden de 16.433 viviendas de protección pública creo que podemos ser moderadamente optimista, en el sentido de que una vez que se hayan pasado los convenientes filtros, 5.000 quedarán.

-¿Supone algún inconveniente que casi la mitad de las ofertas de suelo estén en rústico?

-La lectura es que más de la mitad son en suelo urbano y urbanizable y si las cosas van razonablemente bien no habrá que recurrir al suelo rústico. En alguna ocasión se nos ha achacado de manera sesgada que estábamos haciendo una Ley para construir en suelo rústico.

-Otra de las medidas que contemplan es la compra de 150 viviendas para sacarlas al mercado como VPO.

-El plazo del concurso vence el próximo 24 de octubre. Tenemos diferentes líneas de actuación para obtener viviendas. No podíamos fiar todas las expectativas de la política de vivienda al desarrollo y éxito de la Ley d'Habitatge. Por eso hicimos una primera compra de viviendas en el primer trimestre de 2008.

-El alquiler parece lo más viable, ya que el 90 por ciento de los adjudicatarios de VPO de Es Pilarí no han podido adquirirlas.

-La promoción de Es Pilarí es un despropósito. No se puede pretender hacer viviendas de protección pública al precio más alto previsto en la legislación y que luego sean adjudicadas a los sectores de la población que menos recursos tienen. La solución está en bajar los precios. Los promotores tienen que tener claro que sólo podrán adjudicar las viviendas que sean asequibles; deben ir pensando que los beneficios han de disminuir de manera clara, cuando no eliminarse. Además, hemos de potenciar la cultura de alquiler en las Islas.

-¿Cuánto podría bajar el precio de la vivienda?

-Estamos teniendo ofertas de venta de viviendas que se ejecutaban como libres por un precio inferior al del modelo de viviendas de protección pública. Lo que está claro es que si hay promotores que están dispuestos a rebajar hasta un 20 por ciento el precio de un modelo de VPO en viviendas que se ejecutaron como libres, la mayoría de los promotores lo pueden hacer.

-La rehabilitación de barrios es otro de los ejes de su política de viviendas.

-En agosto se declararon Àreas de Rehabilitación Integral (ARIS) todos los municipios de Menorca y se prorrogaron las del Polígono de Levante y de algunos municipios de Mallorca. Por otro lado, estamos pendientes de los últimos trámites para aprobar una Ley de Barrios. Mientras tanto hemos realizado una convocatoria, dotada con 13 millones de euros, para que los municipios que tengan necesidades puedan presentar los proyectos. La convocatoria ha sido un éxito.

-¿Aprobarán alguna medida para ayudar a las familias a pagar las hipotecas?

-He iniciado una ronda de contactos con los directores de las entidades financieras que dan soporte a la política de vivienda del Govern para valorar cómo está la situación y poder establecer algún tipo de actuación.

-¿Cuáles son sus principales reivindicaciones de cara a los presupuestos de 2009?

-Como todas las conselleries, quisiéramos tener más capacidad de inversión, sobre todo en materia de vivienda, de compra de suelo, etc. No obstante, comprendo las dificultades por las que pasan la Comunitat y el Gobierno central. En lo que hace referencia a nuestra Conselleria mantendremos la política de vivienda, de rehabilitación, etc. y dejaremos de hacer actuaciones en carreteras, porque las competencias son de los consells.

-¿Balears podrá cobrar los convenios de carreteras firmados en la etapa de Jaume Matas?

-A nivel administrativo hay dos recursos contradictorios: uno interpuesto por la Comunitat y otro por el Estado. En este entorno no es muy fácil establecer diálogos. A pesar de esto, a principios de julio inicié unas negociaciones con el secretario de Estado de Obras Públicas y de esta reunión se han derivado otras a nivel de direcciones generales para llegar a vislumbrar qué obras se ejecutaron. Se trata de establecer qué debe el Gobierno central a la Comunitat por las carreteras que se han ejecutado. Para ello, habrá que estudiarlas todas una a una.