La cita era en el Salón de Plenos del Consell y a ella estaban convocados todos los constructores, promotores inmobiliarios, arquitectos y aparejadores interesados en el proceso abierto por el Institut Balear de la Vivenda (Ibavi) para adquirir viviendas libres acabadas y semi acabadas que pasarían a transformarse en Viviendas de Protección Oficial (VPO), preferentemente para alquiler pero también para venta.

El encuentro, en el que la gerente de la entidad pública, Catalina Cladera, debía explicar dicho concurso público apenas reunió a seis profesionales del sector, dos de los cuales abandonaron el acto tras recibir las bases y tras observar los precios máximos ofrecidos: 1.900 euros el metro cuadrado en Vila, 1.750 euros en Formentera, Santa Eulària y Sant Antoni y 1.550 en los dos municipios restantes.

«Con esos precios no se cubre ni los gastos», explicaba uno de los promotores que abandonó el acto nada más recibir la documentación. «El proyecto no está mal si, al menos, cubriera el crédito preciso», añadió.

Otro constructor, en el turno de preguntas, coincidía con el sentir de su compañero. «El problema es el precio. Si contara con el precio de Eivissa podría pagar el solar pero luego está el arquitecto y todo el resto. Para cubrir gastos con lo que se ofrece habría que conseguir los solares a 600 euros el metro y eso, aquí, ni robándolo», lamentaba.

El constructor aprovechó al finalizar el acto para presentar a Cladera sus promociones (siete viviendas en Platja d'en Bossa ya acabadas, 64 pisos en Sant Antoni al 60% de su ejecución y un proyecto para levantar 84 apartamentos en Port des Torrent) por si finalmente el Ibavi busca proyectos en Eivissa.

El acto de ayer no permite albergar demasiadas esperanzas de que se cumplan los deseos de la gerente de la oficina pública de vivienda. Antes de la presentación, Cladera explicaba que el Ibavi quería conseguir 150 viviendas en el conjunto de Balears y que, «en el caso de Eivissa, el objetivo es conseguir todo lo posible: una o dos promociones, quizás 30 viviendas».

Cladera reconoció que las horquillas de precio son un problema. «Sabemos que para los promotores son muy ajustadas, especialmente por el coste del suelo, pero no podemos comprar a precios mayores porque no podemos vender después más caro ya que la idea es ayudar a quienes no pueden acceder a la vivienda libre y contribuir al descenso general de los precios», explicó. «Somos conscientes de que si algún constructor vende es porque está en riesgo de una situación complicada, quiere reducir las incertezas de la venta o quiere, al menos, minimizar sus pérdidas», concluyó.