Representantes del Ayuntamiento de Sant Josep y del local de ocio DC-10 se vieron ayer las caras en el juzgado después de que la discoteca de Sant Jordi presentara un recurso ante el tribunal de lo contencioso-administrativo número 2 de Palma para evitar que se haga efectivo el cierre decretado por el consistorio.
El magistrado escuchó a ambas partes tal y como solicitaba el DC-10, que reclamó que se escucharan sus argumentos antes de decidir sobre la cuestión.
El juez atendió a los razonamientos de la Corporación Local y de la discoteca pero no tomará una decisión sobre el asunto hasta finales de semana, explicaron fuentes del consistorio.
La Junta de Gobierno de Sant Josep decidió el 12 de septiembre sancionar con un año de cierre y multa de 300.000 euros al establecimiento DC-10 por superar el aforo permitido y realizar actividades para las que carecía de licencia.
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