El conseller de Política Territorial del Consell, Miquel Ramon, explicó ayer que los ayuntamientos afectados por la ley de medidas urgentes que protegió enclaves como Benirràs y Roca Llisa todavía no han confirmado su presencia en el Consorcio de Reconversión Territorial, que tendrá que definir las indemnizaciones que se les darán a los afectados, o en su defecto las compensaciones con otros terrenos edificables. Este consorcio decidirá cosas tan importantes como el futuro de Benirràs.
El plazo máximo para convocar este consorcio por ley es el mes de noviembre, pero Ramon confía en que se cree antes. Este verano ya habido dos encuentros previos con los municipios, uno en el que se planteó un primer borrador del organismo y otro en el que también participó el director general de Ordenació del Territori del Govern. «Creo que buena parte de las dudas jurídicas quedaron resultas, pero en tema político ya veremos», remarcó el conseller, que recordó que la participación de los ayuntamientos es voluntaria. «No dijeron ni sí ni no en las reuniones, pero creo que se clarificaron las dudas técnicas y responderán a lo largo de este mes», añadió Ramon, que indicó que quizás los consistorios no querrán estar en un primer momento, pero luego siempre se pueden adherir.
El conseller confía en que a principios de año ya haya una propuesta sobre todas las áreas afectadas, aunque no esté definitivamente aprobada.
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