Afectados por los pozos de Santa Gertrudis se personan en concurso de acreedores de la gasolinera

C. Roig17/09/08 0:00

Un grupo de afectados por la contaminación de los pozos de Santa Gertrudis se ha personado en el concurso de acreedores (suspensión de pagos) que ha presentado la empresa propietaria de la gasolinera, Hydrotechnik España en el Juzgado de lo Mercantil. Estos vecinos, que reclaman indemnizaciones de 700.000 euros por la vía penal, quieren que se les tenga en cuenta como acreedores, ya que acusan judicialmente a la gasolinera de contaminar el acuífero de Santa Gertrudis, lo que les ha impedido durante años (todavía hoy) el consumo de agua de sus pozos.

El abogado de este grupo de media docena de afectados, Javier Mariño, recordó ayer que el juez pidió una fianza a Hydrotechnik España de 3,7 millones de euros para hacer frente a las futuras responsabilidades civiles que se deriven del proceso judicial. Sin embargo, en el concurso los administradores concursales tasaron la estación de servicio en sólo 780.000 euros. «La gasolinera para empezar está cerrada y si no le dan permiso de apertura no vale nada, porque ahora mismo es tan sólo un terreno conteminado al lado de la carretera», explicó el letrado, que indicó que la tasación de la estación de servicio podría aumentar su valor si consiguiera licencia.

El abogado de estos vecinos, que considera que este concurso es una treta de la empresa para no pagar, lamentó que Hydrotechnik no cuente con más bienes para poder afrontar las indemnizaciones, porque aparte de la gasolinera apenas tienen dinero en el banco. Antiguamente habían sido propietarios de la desaladora de Vila, pero la vendieron.

«Y encima, para intentar que no cobremos, los socios de la gasolinera han dicho que sobre la misma estación de servicio tienen una hipoteca, aunque los administradores del concurso ya han dicho que es un crédito ficticio», criticó el letrado, que lamentó que encima de no tener bienes con los que afrontar las indeminzaciones «intenten no pagar».

La Fiscalía solicitó una pena de cuatro años de prisión para los tres principales acusados: el administrador único de la sociedad explotadora de la gasolinera (Hydrotechnik), su apoderada en España y la encargado del establecimiento.