Turisme Jove, de lo público a lo privado

Las pesquisas no se detienen tras la puesta a disposición judicial de varios de los imputados en el 'Caso Turisme Jove'. Los investigadores mantienen grandes interrogantes respecto a quiénes idearon, planificaron y desarrollaron actuaciones para apoderarse de grandes cantidades de fondos públicos de los que tenían poder de disposición en razón de su cargo.

La maratoniana jornada de interrogatorio judicial a los imputados Amengual y Gálvez sirvió al Ministerio Público para apuntalar su convicción de que, especialmente durante los dos últimos años del Govern anterior, el consorcio Turisme Jove se desenvolvió con una ausencia absoluta de controles administrativos y financieros sobre su gestión.

Ahora, dentro de las diligencias abiertas, proseguirán las investigaciones sobre malversación de caudales públicos en el consorcio que, según el Código Penal y numerosas sentencias del Tribunal Supremo, alcanzan tanto al que sustrae como a quien «consiente que otro sustraiga», lo cual no exige -aunque con frecuencia lo acompañe- un ánimo de lucro personal.

En ese sentido, el cuadro de imputaciones presentadas por Anticorrupción alcanza de forma evidente a Juan Francisco Gosálbez, ex jefe de Servicios y Mantenimiento de Turisme Jove, que podría haber malversado casi 800.000 euros en beneficio propio y de quien se tienen pruebas documentales y testimonios de proveedores del consorcio, pero enmarca también a Damià Amengual, ex gerente, y a Juan Francisco Gálvez, ex director general de Joventut del Govern de Jaume Matas, quienes a efectos político-administrativos eran los supervisores del primero respecto al uso de fondos.

Excusas

Para los acusadores públicos sigue sin ser de recibo -cuestión distinta es el derecho a la legítima defensa- que Amengual afirme no ser un especialista en gestión dineraria sino «un cargo político» que se siente defraudado por un funcionario y que Gálvez se escude en la «plena confianza» en sus subordinados para explicar flagrantes vulneraciones de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Según han reconocido los abogados de los imputados, la querella de Anticorrupción entiende que desde sus respectivos nombramientos, tanto Amengual como Gosálbez desarrollaron actuaciones para apoderarse de dinero procedente de los fondos públicos «guiados por el ánimo de obtener beneficio económico y aprovechándose de la falta de controles administrativos y financieros».