Damián Amengual y Juan Francisco Gosálbez, gerente y jefe de Mantenimiento respectivamente del Consorcio Turisme Jove, dejaron a la entidad pública en quiebra técnica por la trama de corrupción que montaron, sobre todo el segundo. Así consta en la querella que se ha entregado ante el juez, según han confirmado a Ultima Hora fuentes cercanas a la investigación.

En la querella se detallan todos los gastos, pagos de comisiones, irregularidades y delitos cometidos presuntamente contra diez personas a las que se acusa, y se destaca que Amengual y Gosálbez se aprovecharon de la absoluta falta de controles administrativos y financieros sobre la gestión que estaban llevando a cabo. Con respecto a los gastos particulares de los dos citados, de las facturas examinadas se tiene constancia de que Gosálbez gastó más de 20 mil euros en servicios y compras, que nada tenían que ver con trabajos del consorcio, y el gasto de Amengual por estos mismos conceptos asciende a más de diez mil aueros.

Otro dato que se destaca en los resultados de las investigaciones, es el de que hasta el año 2005 el Consorcio Turisme Jove tenía su sede en un local de la calle Jeroni Antic de Palma. El local era propiedad de la CAIB por lo que no se pagaba alquiler alguno. Pero a pesar de ello, sin necesidad alguna, y estando ya en aquél momento el consorcio en una precaria situación económica, Amengual y Gosálbez gestionaron una serie de contratos de nuevas oficinas.

Dos de ellas se alquilaron a la entidad Island Estates SL, cuyo propietario, Matías V.R. está también querellado. Las oficinas están situadas en la calle Barón de Pinopar, el contrato de alquiler se formalizó el 23 de marzo de 2005 y si por los locales se pagaba hasta entonces un precio de 800 euros al mes, se pactó una renta mensual de 16.000 euros por un período de diez años.

Otra oficina se alquiló a la entidad Edificaciones Vial. El contrato se formalizó el 27 de diciembre de 2005, por una renta mensual de 15.500 euros el primer año, y 13.000 euros desde el segundo año y hasta la finalización del contrato. En estos dos casos el gerente y el jefe de Mantenimiento firmaron los contratos sin cumplir ninguno de los procedimientos que se establecen por ley.

Más locales

Otros dos locales que se alquilaron de forma fraudulenta son los situados en la calle Francisco Vidal Sureda, en Palma. La firma se llevó a cabo el dos de enero de 2007 entre el entonces gerente como parte arrendataria, y el Grupo Fanodi Gestión SL como parte arrendadora.

Gosálbez y su esposa son los administradores solidarios de dicha entidad. Curiosamente, Grupo Fanodi se constituyó el 15 de mayo de 2007, o sea, cuatro meses después de que se suscribiera a su nombre el contrato de arrendamiento de los dos locales de la calle Francisco Vidal Sureda. Un contrato a todas luces «imposible» y que los investigadores califican de falsificado.

Para los investigadores, la entidad mercantil Grupo Fanodi Gestión SL se constituyó por parte de Gosálbez y su esposa como sociedad pantalla, a través de la cual se canalizaban las cantidades económicas procedentes de los fondos públicos. Así, decenas de miles de euros ibana parar a sus bolsillos y se trataba de ocultar que fueran ellos los beneficiarios.

Como ya se ha comentado en estas páginas, a través de la citada entidad se gestionó un programa de intercambio de jóvenes que nunca existió, y que figura que se llevó a cabo los meses de mayo y julio de 2007 en el Albergue Juvenil de La Vistoria, en Alcúdia.

. En la querella se especifica que el matrimonio de apropió de 19 mil euros de los fondos públicos de la Red Española de Albergues Juveniles (REAJ).

Gálvez

La dirección del PP balear obligó a Juan Gálvez, ex director general de Joventut, a darse de baja de la formación popular. El secretario general de los populares, Guillem Estarellas, llamó a Gálvez para pedirle que aceptase la baja voluntaria del PP balear ante el cariz que estaba tomando los acontecimientos.

La decisión de Estarellas se produjo antes de que se conociesen algunas de las acusaciones contra Gálvez. Tras anunciarse la baja voluntaria del ex director general del PP, la policía judicial registraba el domicilio de Gálvez para buscar pruebas que le vinculasen a la malversación de fondos en el Consorci Turisme Jove. El PP adoptó medidas antes incluso de conocer la decisión judicial.

La cantidad total podría superar los tres millones de euros, como se informó en estas páginas. Pero en cuanto a la cifra que podrían haberse embolsado de manera directa las personas que participaron en la trama, se habla de unos 800 mil euros. Esta cantidad sale de sumar los gastos que figuramo 'servicios y compras', más las cantidades que presuntamente se fueron embolsando de manera directa el entonces gerente yu el jefe de Mantenimiento.

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