Buena acogida en Eivissa a la futura Ley balear de asuntos sociales

Después que la semana pasada la Conselleria d'Assumptes Socials del Govern anunciara el borrador de la nueva Ley de servicios sociales, diferentes entidades y políticos de la isla han opinado sobre ella. Pese a que todavía no está aprobada, la nueva normativa ha sido acogida con los brazos abiertos por la mayoría de entidades de la isla. La ley sustituirá la que actualmente está vigente del año 1987 e incluirá una serie de derechos, como por ejemplo, el derecho a una ingesta mínima de alimentos que evite que una persona pase hambre como consecuencia de su situación económica. Éstos serán derechos básicos exigibles ante los tribunales.

La vicepresidenta del Fons Pitiús de Cooperació, Margalida Font la calificó de «avanzada, innovadora y progresista» y destacó como «punto muy importante» que reconoce por primera vez unos «derechos básicos que ya quedan establecidos por ley». Para poder llevar a cabo esta iniciativa, Font destacó que será necesario crear una «bolsa de alimentos e incrementar la presencia de comedores». Por su parte, la consellera de Assumptes Socials, Patricia Abascal, destacó que se trata de una normativa en la que han trabajado todos los Consells y a la que «hemos aportado enmiendas y trabajo técnico». Pese a que reconoció que se necesitarán más recursos económicos, la consellera aseguró que «no todo serán infraestructuras» y destacó el papel importante que tendrán los ayuntamientos en la puesta en funcionamiento de la ley.

Necesaria

Manos Unidas también acogió abiertamente esta iniciativa. Una de sus delegadas, Antonia Cardona, opinó que esta ley «ha llegado en un buen momento y que una normativa de estas características era necesaria».

Cruz Roja de Eivissa y Formentera afianzó el resto de opiniones diciendo que «cualquier iniciativa que refuerce los derechos de los ciudadanos es positiva».

Según fuentes de la Conselleria d'Afers Socials, el presupuesto de esta normativa que previsiblemente se aprobará en septiembre u octubre es abierto. Pese a que todavía no se ha realizado un estudio exhaustivo del coste de la normativa, está previsto que «a lo largo de la tramitación de la ley, haya una fase de presupuestación en la que se fijará una planificación base».

Sin embargo, estas mismas fuentes, explicaron que pese a que se establecerá una cifra, «será un presupuesto flexible porque serán obligaciones que deberá cumplir la Administración».

La nueva normativa se aprobará durante el próximo periodo de sesiones del Parlament.