C. Roig31/05/08 0:00
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Desde el Ayuntamiento de Sant Antoni no quisieron aclarar ayer cuál será el futuro de ses Variades y si el nuevo planeamiento municipal plasmará el convenio con la empresa Realia, que permite la construcción de 469 viviendas. El problema es que el auto del juez que imputa al alcalde José Sala por posible tráfico de influencias indica que el convenio no es una resolución y por eso no hay prevaricación. Sí que la podría haber en caso de que el convenio se plasmara en el nuevo planeamiento municipal y por eso pide al Ayuntamiento qué diga en qué punto está esa modificación.

Un portavoz del equipo de gobierno explicó que se cumplirá la ley y que todo depende del equipo redactor de las nuevas normas, pero no quiso confirmar si se plasmará el convenio, pese a que tanto la concejala de Urbanisme como el alcalde así lo habían manifestado en repetidas ocasiones. «Desde el Ayuntamiento siempre hemos pensado que la zona es urbana porque además las administraciones habían recibido compensaciones como el solar para el colegio Cervantes», expresó el portavoz, que indicó que el auto de un juez no puede ser como «una espada» que condicione las decisiones del Ayuntamiento. Pese a ello, no quiso confirmar cómo se plasmará la situación de ses Variades en el nuevo planeamiento.

Fuentes del GEN explicaron que el Consistorio está «entre la espada y la pared» porque si refleja el convenio en las nuevas normas podría prevaricar, pero si no lo hace se expone a indemnizaciones de 25 millones de euros por parte de la promotora.

PSOE-ExC

Los progresistas de Sant Antoni piden que no se incluya en la revisión del Plan General este convenio porque ses Variades es «rústico». También confían en que la justicia llegue hasta las últimas consecuencias y se clarifique todo. «Asistimos con indignación a un nuevo posible caso de corrupción urbanística del PP; es una grave noticia que deja en entredicho la solvencia del alcalde». También aseguran que el único responsable es Sala porque fue quien negoció con Realia.

El grupo ecologista considera que el ex conseller portavoz Joan Marí Tur terminará imputado por aprobar un PTI en el que se clasificaba como urbanizable un terreno familiar de Cala Molí, aunque por ahora el juez lo haya descartado. Según los ecologistas, el hecho de que Marí Tur no sea imputado se debe a una «presunta falsedad documental» por parte del Ayuntamiento de Sant Josep que denunciarán convenientemente. El GEN recuerda que cuando se aprobó el PTI este terreno «era un bosque» y no tenía consolidado el 50 % de la urbanización, como dice un informe municipal. Por otro lado, los ecologistas dicen que este suelo fue clasificado como rústico con la LEN y «no podía recuperar su vigencia a través de las DOT». El GEN piensa que parte de la documentación de este caso puede haberse extraviado porque en los papeles que ellos aportaron se demostraba que los terrenos eran rústicos.