Cerca de 200 personas se congregaron ayer en la estación marítima del puerto de la Savina para reivindicar un trato igualitario en los descuentos en el transporte marítimo y aéreo a todos los residentes en Formentera, incluidos los extracomunitarios.
Hasta última hora del viernes la convocatoria ciudadana se extendía a los ciudadanos comunitarios ya que las directrices de los ministerios de Fomento e Interior imposibilitaban a los residentes de la UE así como a suizos y noruegos obtener los descuentos que legalmente les corresponden. Por cuestiones burocráticas no se aceptaba la tarjeta de residente y se exigía un certificado de registro de extranjería que no podía expedirse con la tarjeta de residente en vigor, que era el caso de la mayoría de los extranjeros comunitarios empadronados en Formentera.
Aunque el viernes por la tarde se desbloqueó la situación para los comunitarios, el sábado por la tarde se dieron los primeros pasos para crear una 'Plataforma para la Igualdad' y ayer se llevó a cabo la manifestación que tuvo mucha participación ciudadana pese al mal tiempo y que existía cierto temor de que los residentes comunitarios, una vez solventado su problema, no apoyaran a los extracomunitarios.
La manifestación, que contaba con el permiso gubernamental, se desarrolló sin incidentes. Guardia Civil y Policía Local no tuvieron que intervenir ya que el acto se centró en una presencia masiva en la puerta de la estación marítimaPosteriormente dieron una vuelta alrededor de la misma parándose frente al muelle para la lectura de un comunicado y dar por terminada la concentración.
El segundo más caro
«Los vecinos y vecinas residentes en Formentera agrupados como 'Plataforma para la Igualdad' queremos reivindicar la igualdad de derechos en el transporte marítimo para todos los residentes de la isla», recogía el comunicado.
El manifiesto remarcó que el trayecto marítimo entre Formentera y Eivissa es el segundo más caro de España y supone un coste de 42 euros ida y vuelta para apenas once millas (unos 20 kilómetros) y por tanto piden «que el trayecto sea declarado de interés público». En ese sentido el documento destacaba que «Formentera no dispone de todas las administraciones necesarias y los residentes nos vemos obligados a desplazarnos a Eivissa para un gran número de trámites».
El comunicado señala que el apoyo del Consell de Formentera ha conseguido solucionar parte de la problemática, la referente a los extranjeros comunitarios, pero afirma que se seguirá trabajando «para conseguir el objetivo de que todos los residentes, incluidos los no comunitarios, podamos acceder al descuento del transporte marítimo».
Al acto asistieron el conseller de Turisme i Mobilitat, Josep Mayans, y la vicepresidenta de la institución insular y responsable de Participación Ciudadana, Sònia Cardona, quién afirmó: «Estoy aquí como ciudadana, nunca he dejado de estar presente en manifestaciones y convocatorias cívicas y no voy a dejar de hacerlo en ningún momento».
El conseller de Mobilitat señaló que el descuento que ahora solicitan los residentes extracomunitarios, un recorte de tarifas del 39% que corre a cargo del Govern, se estuvo aplicando hasta julio de 2000 cuando era competencia del Consell Insular d'Eivissa i Formentera.
Cuando el Consell cedió la competencia en materia de bonificaciones al Govern del Pacte de Progrés, éste cambió la normativa que especificaba que los descuentos eran para todas las personas físicas residentes en Formentera, aseguró Mayans. La nueva redacción adaptaba la legislación balear a las normativas de la Unión Europea que limitaban dichos descuentos únicamente a los residentes comunitarios y a los procedentes de países como Suiza y Noruega que sin formar parte de la Unión ratificaron en su momento el Tratado de Schengen de libre circulación de personas entre países europeos.
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