El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer la Orden del Ministerio de Vivienda que distribuye los municipios entre las categorías A, B o C en función de las dificultades para acceder a la compra de una casa y que supone fijar un mayor o menor coste máximo por metro cuadrado en las viviendas usadas para que sus compradores puedan acceder a ayudas públicas.

En este cambio han salido beneficiados los compradores de los municipios de Vila y Sant Antoni que, a partir de ahora, podrán acceder a ayudas para la compra de pisos con un coste del metro cuadrado de hasta 2.668,16 euros, un 20,56% más que antes. El cambio ya ha sido modificado en los criterios de concesión de ayudas del Instituto Balear de Vivienda (Ibavi), según figura en la página web del Govern.

Esta modificación supone que, en el caso de un piso de 90 metros cuadrados (el máximo permitido para pedir una ayuda, excepto en casos de familias numerosas en que se amplía hasta los 120 metros), se pueda pedir una subvención siempre que el precio del inmueble no supere los 240.134,4 euros.

En la categoría A, que ofrece la horquilla más alta para poder conseguir una subvención debido a la dificultada para comprar vivienda, se mantienen Santa Eulària y Formentera, que ya figuraban en este listado desde la redacción original del Plan de Vivienda 2005-2008.

En la categoría B se mantienen Sant Josep y Sant Joan. En estos municipios, el precio máximo del metro cuadrado alcanza los 1.940,48 euros, un 19 por ciento más. Esto significa que si se quiere acceder a las subvenciones, el precio de un piso de 90 metros cuadrados no debe superar los 174.643,2 euros.

La distribución de los municipios en tres zonas también sirve para los precios máximos de compra de viviendas protegidas de régimen especial y precio concertado, algo que en el caso de Balears se reduce casi exclusivamente a la VPO, explicaron desde el Govern.

En las zonas de tipo A, el precio máximo del metro cuadrado para acceder a una subvención es de 3.001,68 euros, y de 2.183,04 en los municipios de clase B, aunque esas cifras aún no aparecen en la web del Ejecutivo autonómico.