Estado en que se encuentra la vivienda cuya orden de demolición es ya firme y que el Ayuntamiento lleva adelante.

El Juzgado investigará a petición de Fiscalía las obras de una vivienda de na Xamena por considerar que pueden ser constitutivas de un delito contra la ordenación del territorio. Esta vivienda comenzó a levantarse en base a una licencia que dio en enero de 2007 el Ayuntamiento de Sant Joan pero que tuvo que suspender unos meses después por haberse otorgado de forma ilegal.

Los hechos se remontan a julio de 2006, cuando la entidad Enchanted SL pidió permiso para construir una vivienda en sustitución de otra en Na Xamena. Esta solicitud fue denegada en septiembre de ese mismo año hasta que no estuviesen aprobadas las normas subsidiarias del municipio. Sin embargo, dos meses después esta entidad volvió a presentar una solicitud de licencia, que le fue concedida en enero de 2007 en base a un informe del técnico municipal, que aseguraba que cumplía el plan parcial de Na Xamena y las normas subsidiaras aprobadas inicialmente. Fue entonces cuando comenzaron las obras y un vecino de la zona denunció los hechos ante el Ayuntamiento y el Consell.

El Ayuntamiento de Sant Joan tuvo entonces que suspender la licencia después de que el Consell le requiriera documentación sobre el caso y le pidiera que la anulase. En octubre el alcalde dictó un decreto en el que acordó suspender los efectos de la licencia en cumplimiento del Plan Territorial Insular (PTI), que establece que en esa zona no se pueden autorizar licencias hasta que estén aprobadas definitivamente las nuevas Normas Subsidiarias de Sant Joan. El fiscal considera que la licencia concedida por Sant Joan infringió el ordenamiento jurídico, además de que el proyecto prevé una construcción de 3.312 metros cúbicos en un sector que sólo permite 2.100 según las nuevas normas (aún sin aprobar). Además, en el PTI se establece que el volumen máximo es de 1.500 m. El proyecto incluía una ampliación, previa demolición de una parte de vivienda preevistente, ampliación de otra edificación y construcción de una pisicina. El fiscal pide en su denuncia que el juez requiera al Consell para que nombre un perito que dictamine sobre la vulneración de las normas y sobre una posible legalización de lo construido.