Greenpeace ha presentado una denuncia en la que solicita que las autoridades «controlen la actividad mercantil» de la naviera Iscomar, propietaria del barco hundido Don Pedro, ya que los ecologistas sospechan que algunos de los mercantes de esta compañía podrían incumplir ciertas medidas de seguridad obligatorias, confirmaron ayer fuentes de la organización internacional.
En septiembre pasado, Greepeace denunció a Iscomar porque el Don Pedro «no contaba con los permisos correspondientes para transportar residuos peligrosos, como son las baterías de coche».
Dos meses antes, la organización ecologista presentó otra denuncia más ante la Fiscalía de Balears contra Iscomar, pues considera que se pudo producir un delito ecológico por vertido de sustancias tóxicas al medio ambiente, tipificado en el artículo 325 del Código Penal, del que responsabiliza a la naviera.
Por otra parte, Manuel Salgado, el abogado que representa a los propietarios de amarres del puerto deportivo de Ibiza Nueva, informó ayer de que el juez del Juzgado de Instrucción Número 2 de Eivissa, José Espinosa, ha pedido a través de una providencia a «Autoridad Portuaria que se persone si le interese [en el caso del Don Pedro] por si en el momento procesal que corresponda pudiera resultar responsable». Salgado anunció hace meses que tiene intención de presentar cargos contra Autoridad Portuaria, además de contra Iscomar, porque considera que la institución podría ser responsable subsidiaria del hundimiento.
Además de los amarristas del puerto de Ibiza Nueva, numerosos particulares se han organizado bajo el paraguas del Consell Insular para reclamar indemnizaciones por los presuntos daños causados en sus negocios por el hundimiento de este mercante.
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