Fiscalía pide al juez que estudie si hubo prevaricación y estafa en Cala Pinet

El fiscal quiere que el juez investigue si se pudieron cometer delitos de prevaricación, desobediencia del cumplimiento de sentencia y una tentativa de estafa, ya que después los pisos se vendieron a sus nuevos propietarios sin advertirles de que había una sentencia de derribo.

Este asunto tiene su origen en un conflicto vecinal por los límites del terreno en los años 80. Entonces llegaron a un acuerdo mediante el cual cedían parte del suelo a un solar contiguo. De esta forma, automáticamente se incumplió el retranqueo y el Ayuntamiento de Sant Josep dio una ampliación de la licencia sin reparar en este cambio de propiedades. Al denunciarse el caso en los tribunales se produce una sentencia de derribo para tres viviendas del bloque B.

El Consistorio dice entonces que incoará un expediente para tirar estos apartamentos, aunque finalmente no lo hace y al cabo del tiempo aparece un convenio urbanístico en el que se legaliza y además se amplía la edificabilidad de los propietarios del solar de enfrente.

Según el fiscal, esta legalización del bloque de apartamentos a través de un estudio de detalle podría ser ilegal porque incumpliría el planeamiento vigente. Además, hubo propietarios que más tarde compraron el piso y a los que no se informó sobre estas circunstancias, por lo que podrían haber sido estafados.

Por el momento, la Fiscalía ha decidido no pedir imputaciones, aunque sí que considera que se debería hacer un peritaje sobre la legalidad del estudio de detalle. Además, cree que hay que investigar por qué se amplía la edificabilidad para los propietarios del solar contiguo, que presuntamente podrían haber obtenido algún beneficio a cambio de no pedir la ejecución de la sentencia de derribo. El GEN denunció en su día que el entonces alcalde firmó un convenio con el promotor (Anglobalear) y el denunciante que permitía a este último construir en primera línea de mar 2.000 metros cuadrados, con una altura de cuatro plantas, a cambio de no pedir al TSJB la ejecución de la sentencia.

Según desveló el fiscal, en el expediente facilitado por el Ayuntamiento de Sant Josep también se incluye la contratación de un prestigioso abogado de Mallorca a cargo de las arcas públicas para la elaboración de este convenio urbanístico.