El Ayuntamiento de Eivissa anunció ayer la próxima aprobación de una nueva ordenanza sobre conservación de edificios, urbanizaciones, terrenos y otros bienes inmuebles con la que se persigue hacer cumplir la ley en lo que se refiere a la obligación de los propietarios de inmuebles de mantenerlos en perfecto estado. El Consistorio pretende articular una serie de procedimientos para diagnosticar reformas, sancionar la no actuación de los propietarios y, en su caso, acometer subsidiariamente la reparación con cargo a dichos propietarios. Se trata de un paso efectivo hacia la reforma del deteriorado casco antiguo, que ha dado resultados positivos en otros municipios como Madrid, «que ha sido un poco el espejo en el que nos hemos mirado», según apuntó el concejal de Vivienda y Núcleo Histórico, Marc Costa.
Ocho inmuebles del casco histórico serán los primeros en someterse a la nueva normativa. El Ayuntamiento ya ha remitido a sus propietarios una orden de ejecución, acompañada por un presupuesto elaborado por un arquitecto técnico, en la que se les indica el alcance de las reparaciones que han de acometer. «En caso de que no la cumplan, los presupuestos nos servirán para adjudicar las obras a una empresa que las ejecute susbisidariamente», explicó Marc Costa. Esa intervención, de tener que asumirla el Ayuntamiento, supondría una inversión en torno a los 60.000 euros que posteriormente se repercutiría en cada uno de los propietarios.
Siguiendo con el hipotético caso de que esos propietarios se nieguen a acometer la orden de reforma, convocaría un concurso por ese importe para adjudicar las obras a una empresa. Además puniría a esos propietarios por incumplimiento con las sanciones que contemplará la normativa, que oscilan entre los 750 y los 3.000 euros.
Además de esos ocho inmuebles, Marc Costa explicó que hay otros 20 expedientes en trámite, a los que se suman otros seis inmuebles que se han declarado en ruina recientemente y que formarán parte del Registro Municipal de Solares, donde ya se contabilizan otros nueve. Dicho registro establece un plazo de dos años para que el propietario acometa la reforma y, en caso contrario, los edificios saldrán a subasta pública.
La nueva ordenanza de conservación de edificios se sitúa en la línea de dotar al Ayuntamiento de «herramientas que nos permitan avanzar en el mantenimiento del aspecto urbano de la ciudad», según señaló el concejal Marc Costa. El responsable de Vivienda precisó que esta norma tiene «vocación para todo el municipio, pero no se nos puede escapar que el centro histórico necesita un especial cuidado».
Con ella se pretende dar «un segundo paso» "que podría resultar definitivo para la lenta recuperación del casco histórico de Vila" en la política de rehabilitación iniciada desde la concejalía a través del Plan de Vivienda. Fachadas, balcones, bajantes y elementos exteriores susceptibles de dañar a edificios colindantes son algunos de los aspectos sobre los que el Ayuntamiento hará especial hincapié a la hora de reclamar el cumplimiento de la ley, según la cual los propietarios de inmuebles están obligados a mantener los mismos en perfecto estado de conservación.
Con todo, el Ayuntamiento, según recalcó el concejal, primero avisará de las deficiencias, dando al propietario la opción de cumplir con la ley antes de ser sancionado y obligado a pagar el coste de las obras para no entrar en un proceso de expropiación forzosa.
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