El fiscal cree que los dueños del 'Dunas Playa' estuvieron haciendo obras ilegales durante años

Los dos acusados, que se declararon inocentes, tuvieron que sentarse en el banquillo por una serie de obras que supuestamente se acometieron irregularmente en el complejo hace nueve años y que, según el ministerio público, causaron un daño irreparable a las dunas. Tras construirse una piscina con vestuarios, una pérgola para la cafetería del complejo y nuevas casas. La presunta ejecución de estas obras motivó un contubernio de los propietarios del complejo con el Ayuntamiento de Formentera.

Al respecto, el acusado y dos de sus hijo fueron condenados en 2004 por la Audiencia Provincial después de que en mayo de 2002 agredieran al que entonces era concejal de Urbanismo de este municipio, el actual diputado José Ramón Mateos, cuando se ejecutaba un precinto en las instalaciones. El tribunal, por este suceso, impuso dos años de prisión al hombre que ayer se sentó de nuevo en el banquillo y uno a cada uno de sus dos hijos, implicados también en la reyerta.

El fiscal, en el juicio de ayer, decidió mantener los cargos contra el matrimonio por esta última causa al entender que «la actuación fue tan ilícita que atrajo la atención de todos». «Siete años después ninguna de estas construcciones está legalizada. Se rompieron precintos, se afectó a un sistema dunar, se hicieron una piscina con sótanos y vestuarios en la playa. El acusado y su mujer estaban haciendo obras continuamente», afirmó en el juicio el fiscal responsable del área medioambiental, Antoni Torres.

Los problemas del complejo con el Ayuntamiento arrancan después de que en 1998 se acometiera la construcción de una piscina, reforma para la que, según la defensa, existía una licencia favorable emitida en 1986 para el anterior propietario. El Ayuntamiento, sin embargo, decidió intervenir cuando sus técnicos emitieron un informe diciendo que se estaba construyendo ilegalmente dicha piscina. Al mismo tiempo, la conselleria de Medi Ambient emitió otro sobre una pérgola que se había construido en zona de másxima protección. En 2002, años después de registrarse el incendio que afectó al departamento de obras y que destruyó documentación que afectaba a este caso, la secretaria del Consistorio pidió otro informe «para aclarar globalmente lo que ocurría», según indicó la entonces responsable municipal. «Como no se acataba la orden de paralización cada día había más casos», añadió.

Las defensas, sin embargo, argumentaron que no se había cometido delito urbanístico alguno porque la piscina se refería a una actuación del propietario anterior y tampoco se construyeron apartamentos nuevos. «Eran obras viejas», dijeron. A su vez, indicaron que lo único nuevo era la pérgola y que por ello ya hubo una sanción. Según los letrados, nunca se pormenorizaron las obras sospechosas, y, además, no hubo delito medioambiental porque las zonas ANEI no se incluyen como espacios naturales protegidos en la normativa estatal.