Terrenos donde se proyectó el golf de Cala d'Hort, ahora afectados por la moratoria.

C. ROIG/E. P.

El presidente del Consell, Xico Tarrés, anunció ayer que la redefinición de las Àreas Naturales de Especial Interés (ANEI) se hará a través de modificaciones puntuales del Plan Territorial Insular (PTI) y en ellas se beneficiará a los payeses y a los propietarios ligados a la tierra durante años frente a las grandes promotoras. Para ello se articularán una serie de fórmulas, que Tarrés no quiso desvelar, para que la posibilidad de construir no esté ligada a los metros de los que se disponga, sino a la relación que tenga esa persona con el terreno. «Quien tiene un suelo y ha vivido siempre allí y lo labra y lo cuida podrá hacer una casa para sus hijos porque será el Consell quien regule quién y cómo y dónde alguien podrá edificar», explicó el presidente, que aseguró que se dará facilidades a los payeses antes que a una constructora. «Es muy duro decir esto en según que lugares porque la gente te puede decir que cada uno trabaja donde quiere, pero es que nosotros queremos el territorio para que se proteja entendiendo que puede haber gente que tenga la necesidad de construir casas para ellos y sus hijos; tienen unos derechos y velaremos por ellos», explicó Tarrés, que está molesto porque el PP asegura que la moratoria «va contra los payeses». «No es verdad, es todo lo contrario», aseguró.

Actualmente sólo se puede construir en un 30 por ciento de los terrenos ANEI, porque el resto ya son inedificables, según Tarrés. «Puede que de estos suelos haya algunos que tengan las características para ser ANEI y otros no y por eso se tendrá que retocar», añadió el presidente, que quiso lanzar un mensaje de tranquilidad porque el Consell «no irá contra la gente del campo». De hecho, consideró que actualmente sólo un cinco por ciento de estos terrenos podría estar en manos de payeses, lo que haría que se pudieran evitar las construcciones en un 95 por ciento. En cuanto a la manera de articular estos beneficios en una normativa, Tarrés no quiso avanzar nada pero dijo que existen muchas fórmulas para primar a las personas que tienen alguna relación con el campo. Luego también se deberá vigilar que estas casas no se vendan a terceros mediante licencias condicionadas. «Cuando compras una vivienda de protección oficial tampoco la puedes vender al día siguiente», agregó.

Esta regulación se hará a través de la modificación puntual del PTI, unos cambios en los que se pondrá a trabajar el Consell de inmediato.

Indemnizaciones

En cuanto a las responsabilidades monetarias que se puedan derivar de la protección de Cala d'Hort, Punta Pedrera, Benirràs, Roca Llisa o ses Feixes, Tarrés indicó que si él fuera propietario las pediría e indicó que la administración responsable de pagarlas es la institución que protege el terreno, aunque en este caso se supone que será «entre dos partes».

En este punto criticó que el PP «quiere» que se edifique en estos cinco lugares. «Nosotros no queremos, tenemos otra postura y no queremos que se construya más».

En el caso particular de Benirràs, se tendrá que negociar porque ya hay algunos propietarios con derechos adquiridos. «Hemos hablado con el alcalde y creo que estamos de acuerdo con él y con la solución que tenemos que buscar», explicó el presidente, que insistió en que el Govern dispone de un dinero limitado, por lo que habrá que buscar un acuerdo y reducir la urbanización al mínimo posible. «Si en vez de hacer cien viviendas se pueden hacer 25 ya está bastante bien».

En cuanto a ses Feixes, indicó que en la reciente reunión con la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, no se habló de la compra de este espacio, aunque se comentó brevemente fuera de la reunión. «La idea sigue siendo comprar y si el Ministerio puede colaborar con algo, adelante».

El presidente del Consell también defendió ayer que el principal valor de Eivissa es su territorio. «Esta protección es necesaria y hay un consenso social prácticamente unánime de que hay que preservar estos cinco espacios», insistió Tarrés, que recordó que también hace 20 años se luchó por la protección de ses Salines y ahora una inmensa mayoría de la población está contenta con que no se haya edificado. «Dentro de 50 años los ibicencos estarán orgullosos de que no se hayan hecho urbanizaciones en estos cinco terrenos».

También respondió al PP por las acusaciones que lanzó diciendo que Tarrés prometió que no tocaría el PTI. «Nosotros lo que dijimos es que no haríamos un PTI nuevo y que sólo tocaríamos cosas puntuales, no engañaremos a nadie».

El portavoz del Bloc, Biel Barceló, subrayó que el decreto es un hecho «histórico» y un «aspecto clave» para la credibilidad del nuevo Govern «ante las expectativas de la ciudadanía, que marca un cambio respecto a la política territorial impulsada por el PP». Barceló reconoció que ha sido «difícil» conseguir el consenso para lograr los acuerdos «necesarios» y remarcó que estas normativas «no serán el último paso que plantea el Govern en materia de protección del territorio» y, en este sentido, aseguró que todavía hay espacios naturales que se deberán proteger.

En similares términos se expresó Amics de la Terra, que consideró que es un «gran paso en línea con las demandas de la sociedad» y esperó que esté «debidamente acompañado» por una Ley de Medidas Urgentes para proteger «especialmente diversas zonas adicionales de la Serra de Tramuntana y de Eivissa». Asimismo, propuso al Govern que recurra a los fondos que el Ministerio de Medio Ambiente tiene destinados a compras y actuaciones en todo el litoral para que pueda hacer frente a las indemnizaciones que puedan corresponder a los afectados por el decreto.