La auditoría técnica y económica de las autovías que va a llevar a cabo el Govern también analizará las expropiaciones y los justiprecios que se han pagado a los afectados para delimitar si ha habido irregularidades o tratos de favor. Desde la Conselleria d'Obres Públiques confirmaron que se estudiarán uno a uno cada uno de los casos y entre ellos está el que denunció en su día la Plataforma Antiautopistas referente a las fincas propiedad de Empresas Matutes. Los activistas acusaron al entonces Govern del PP de pagar a precio de urbano terrenos rústicos con un beneficio millonario para este grupo de empresas.
«Se revisarán todos los expedientes de expropiación», indicó una portavoz de la Conselleria, algo que ha sido bien acogido por algunos miembros de la Plataforma que en su día denunciaron incluso ante la Fiscalía esta situación, aunque no han recibido noticias sobre la marcha de la investigación.
Los antiautopistas denunciaron que Empresas Matutes consiguió un «pelotazo» a través de las expropiaciones que podría alcanzar los seis millones de euros. Según esta denuncia, el Govern calificó en el proyecto de las autovías como urbanas tres fincas del empresario que estaban catalogadas como rústicas según el Plan Territorial Insular (PTI). Esto querría decir que las fincas fueron expropiadas a 150 euros el metro cuadrado y no a ocho (precio rústico). Se da la circunstancia de que este grupo empresarial habría comprado una finca a precio de rústico a su propietario, José Luis Ayguavives, que posteriormente se le expropió como urbana.
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