08/11/07 0:00
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CLAUDIA ROIG El Govern balear aprobará mañana el inicio de la tramitación de un proyecto de ley de medidas urbanísticas que irá acompañado de una moratoria sobre cinco terrenos de Eivissa amenzados por la urbanización: ses Feixes del Prat de Vila, Benirràs, Roca Llisa, Punta Pedrera y la zona donde estaba previsto construir el campo de golf de Cala d'Hort. Estas medidas cautelares, que se aprobarán vía decreto ley, permanecerán vigentes hasta que se apruebe una ley que incluirá aspectos como la ampliación de la Ley de Espacios Naturales (LEN), nuevas especificaciones para campos de golf, la eliminación de la ley de medidas específicas para las Pitiüses y la supresión de la llamada 'amnistía Cretu' o de las excepciones para chiringuitos amenzados por demoliciones. Según explicó el conseller d'Ordenació del Territori, Miquel Ramon, la tramitación parlamentaria, que puede alargarse unos meses, obligaba a aprobar medidas cautelares para evitar la urbanización de ciertos parajes.

El riesgo de urbanización de ses Feixes del Prat de Vila ha obligado al Govern a dictar medidas cautelares para este espacio, que actualmente es urbanizable, aunque el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) contempla que pase a ser rústico. «Ahora mismo hay riesgo de construcción hasta que se apruebe el planeamiento definitivo», remarcó Ramon, que recuerda que la moratoria es provisional y que luego habrá que ver qué figura se utiliza finalmente para proteger esta zona. Una posibilidad es incluirla en el catálogo de zonas húmedas que prevé sacar adelante el Govern, aunque también podría ser que la moratoria quedase desactivada al aprobarse el nuevo planeamiento. «Hay varias vías diferentes, y ahora se podrá hacer el planeamiento con tranquilidad, sin que haya riesgos de construcción», especificó el conseller, que recordó que las moratorias no dan pie a indemnizaciones, aunque puede que sí se tengan que afrontar cuando la protección se haga definitiva. 4 Benirràs
En esta zona hay un plan parcial en desarrollo que preveía construcciones unifamiliares y de uso turístico para un centenar de plazas. En este caso la moratoria abarcará una parte del plan parcial, ya que ya hay partes construidas y otras con licencia que no se pueden retroceder. En este caso, la moratoria finalizará cuando esté aprobada la ley urbanística que tramitará en el Parlament.

4 Roca Llisa
La zona con posibilidad de urbanizar cercana al campo de golf «tiene una extensión brutal», ya que sólo está desarrollada una parte. «Va desde el mar hasta la carretera de Cala Llonga, con muchas zonas vírgenes», destacó el conseller, que recordó que hay un plan parcial aprobado.

4 Punta Pedrera
Al final de Port des Torrent la constructora quería levantar más de 200 apartamentos, aunque recientemente el Ayuntamiento de Sant Josep anuló el permiso por considerar que no se ajustaba a la normativa. De todas formas, la promotora contaba todavía con derechos edificatorios para levantar un centenar de viviendas, por lo que existía el riesgo de que presentasen un nuevo proyecto. Este es el caso más complejo de todos, según el conseller, ya que los impulsores del proyecto cuentan con unos derechos consolidados que obligarán a articular mecanismos de compensación. Según Ramon, esto no implica necesariamente el pago de indemnizaciones, pero sí la compensación mediante el traslado de derechos edificatorios a otros terrenos.

4 Golf de Cala d'Hort
En esta zona en la que se preveía construir el polémico campo de golf de Cala d'Hort se da una situación jurídica «un tanto confusa». Ramon recuerda que en 1992 se cambió la calificación urbanística para poder hacer el golf, con lo que la intención sería devolver el terreno a su consideración original, que incluiría una parte de ANEI (máxima protección) y otra de ARIP (menor protección).

Aunque el Consell contaba con una lista de terrenos a proteger más numerosa, el Govern sólo ha aceptado estos cinco por el riesgo de tener que asumir indemnizaciones millonarias. «Lógicamente me gustaría que no se hiciera nada más en la costa, pero hay cosas que no se pueden volver hacia atrás», explicó el conseller. La ley que tramitará el Govern, y que podría comenzar a debatirse en febrero, también obligará a ceder un porcentaje de alrededor de un 30% del suelo a vivienda de protección oficial. También se incluirán condiciones para urbanizar más duras que las actuales, para que un suelo no sea considerado como urbano si no cuenta con todos los servicios necesarios.