El PP se ofreció ayer para elaborar el plan de gobierno 2007-2011 -que el Consell contratará con una empresa externa- en un plazo de doce días y totalmente gratis. «Nos ofrecemos para hacerlo sin cobrar ni un euro a los ciudadanos, tenemos doce días, que son pocos y quizás hay alguien ya que tiene algún esbozo, pero podemos llevarlo a cabo y así los 145.000 euros que costará se podrá aplicar a cosas más interesantes», señaló la consellera popular Carmen Domínguez, que cree que el Consell no ha explicado suficientemente bien a la ciudadanía por qué se recurre a una empresa para elaborar un plan de gobierno que podrían hacer los propios consellers.

«Dicen que todas las administraciones lo hacen, pero nosotros no lo hicimos», añadió Domínguez, que asegura que en ningún momento recurrieron a una empresa externa para que les dijera «por dónde tenemos que tirar». «Cuando uno se presenta a las elecciones hay que tener capacidad y en caso de ganar hay que saber asumir el gobierno», añadió la consellera, que indicó que estos 145.000 euros también se podrían invertir en personal para poder ejecutar el programa de los progresistas. «Nos parecería muy bien que se invirtiera en contratar más personal pero no nos parece bien que lo haga una empresa externa que nos venga a decir cómo tenemos que gobernar nuestra isla», agregó.

Domínguez también lamentó que el presidente del Consell no tenga en cuenta a la oposición. «Si quieren hacer una nueva organización de la institución creo que es un tema lo suficientemente importante para haberse reunido con nosotros para saber lo que quieren hacer», dijo la consellera, que cree que Tarrés les ha ignorado y que sus palabras de consenso y mano tendida eran «huecas y vacías». El PP denunció esta semana que sospecha que se adjudicará el plan a la empresa Gaudí.

Residencias
Domínguez mostró también su satisfacción porque el equipo de gobierno ha pedido la reanudación de las obras de las residencias, algo que ya pidió el PP en el último pleno sin que se le aprobara la moción. La consellera aseguró que no les importa «quién se cuelgue la medalla» de la decisión mientras los beneificiados sean los ciudadanos.