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E.PRESS/G.ROMANI El GEN-GOB de Eivissa denunció ayer la «ilegalidad» en la tramitación administrativa emitida para la puesta en marcha del parque fotovoltaico de Formentera, por ser constitutiva de delitos de prevaricación y tráfico de influencias, y exigió a la conselleria de Industria su «inmediata» paralización.

Tal y como expuso a Europa Press una de las portavoces de la agrupación, Neus Prats, es «anecdótico» que en el momento en el que se concedió dicha licencia la administración estaba en funciones, aunque lo que es «realmente constitutivo de delito», dijo Prats, es que «amparó a sus promotores a pesar de incumplir las disposiciones de la Ley de Suelo Rústico vigente».

Según recordó, este tipo de instalaciones «sólo hubieran podida autorizarse de haberse aprobado una modificación de la Ley Autonómica de Suelo Rústico, mediante una disposición de acompañamiento en los presupuestos de 2006», algo que nunca se ejecutó. Ello obliga a que este tipo de tramitaciones en suelo rústico estén sujetas a una declaración de Interés General por parte de los consells insulars correspondientes. Desde la junta directiva de la agrupación consideraron, además, que el «incumplimiento de esta norma de manera reiterada por el anterior gobierno del PP fue flagrante y contradijo competencias de consells y ayuntamientos». Por ello, solicitaron a la nueva administración autonómica que derogue, con la mayor brevedad posible, la modificación de esta disposición, por ser contraria a la defensa de valores naturales de la más alta protección. Fuentes del Consell aseguraron ayer que estudiarán el caso pero que la institución carce de competencias para paralizar las obras.