La consellera d´Afers Socials, Promoció i Immigració, Fina Santiago, anuncia un relanzamiento de la tarjeta básica con una subida del 3% en 2008, la consolidación de una subida igual al IPC en los próximos tres años y descuentos en comercios para los beneficiarios de esta prestación.

En estos momentos, la tarjeta básica está cargada con unos 210 euros anuales, a gastar en productos básicos, y beneficia a 8.200 personas perceptoras de pensiones no contributivas. Pero ahora, el compromiso de la consellera Santiago es incrementar un 3% esta ayuda, lo que supone un incremento de unos 6'3 euros, «aunque si el IPC es superior al 3%, lo igualaremos», aseguró la consellera, y garantizó que «en los próximos tres años se subirá el coste de la vida» . «Además, con la intención de implicar un poco a la sociedad civil hemos iniciado conversaciones con grandes superficies comerciales y pequeños comercios para que puedan aplicar descuentos directos en sus tiendas a los beneficiarios de la tarjeta básica», explicó. Estos descuentos comenzarán a ofrecerse también en 2008, serán de un 5% de media, y lógicamente serán válidos para la compra únicamentede productos de primer necesidad, como alimentos, ropa, calzado y medicamentos.

Con todas estas medidas, explicó Santiago, «conseguimos rentabilizar mejor la tarjeta básica y aumentar en cerca de un 8% el poder adquisitivo de estas personas».

Santiago recordó que la tarjeta básica como tal fue diseñada en e 2002 por el Govern del Pacte, como forma de eludir un nuevo recurso por parte del Gobierno central del PP, que ya había recurrido la paga única que desde 1999 ofrecía el Ejecutivo balear, como complemento a las pensiones no contributivas, bajo el argumento de que estas ayudas que concedían algunas comunidades suponía un desequilibrio para la caja única. Balears y otras autonomías apelaron que a ellas pertenecían las competencias de servicios sociales y, por tanto, la capacidad de proteger a los ciudadanos con ingresos inferiores. Finalmente, el Constitucional dio la razón a las comunidades. Balears es la única comunidad que tiene en marcha este modelo de prestación, que este año supone tiene un presupuesto de 1.745.000 euros.