El pleno del Consell acordó ayer por unanimidad instar a la Demarcación de Costas a que recoja en el deslinde de Sant Joan los núcleos de Portinatx, Cala Sant Vicent y el puerto de Sant Miquel, que son obviados en el nuevo proyecto de delimitación del dominio público. El conseller d'Ordenació Territorial, Miquel Ramon, aseguró que ya se había reunido con el alcalde de Sant Joan, que aportó fotografías aéreas y los documentos necesarios para certificar que estos tres núcleos urbanos ya existían en 1988 cuando se aprobó la Ley de Costas. Ramon confirmó que presentarán toda esta documentación al Ministerio de Medio Ambiente y que incluso si diera tiempo se aprobará por parte de la comisión de urbanismo. «Incluso si el Ayuntamiento de Sant Joan nos pide ayuda para ir a Madrid o a algún sitio les acompañaremos», indicó Ramon quien, no obstante criticó la actitud de la corporación municipal de Sant Joan que en 1990 «intentó engañar a Costas» presentando una delimitación del suelo que no se ajustaba a la realidad. «Cuando entró en vigor la Ley de Costas no había ni un sólo suelo urbano calificado como tal», recordó el conseller, que aseguró que la actitud del actual alcalde «es muy diferente».

Palau dijo que lo que mencionaba Ramon «es del siglo pasado» y recordó que el Ayuntamiento de Sant Joan había llegado a consensuar con Costas en repetidas ocasiones el deslinde. Incluso recordó que se informaron favorablemente las Normas Subsidiarias. Palau criticó asimismo los cambios de criterio de Costas e insinuó que quizás se deba «al jefe de turno», aunque recordó que la ley «no puede estar al pairo del que la aplique». «Esto parece un culebrón», dijo en otro momento en alusión a toda la historia del deslinde, recordando que el Ayuntamiento no es culpable como dijo Pilar Costa, sino víctima.

Por otro lado, el equipo de gobierno rechazó una moción del PP en la que solicitaba que el Govern se replanteara la retirada de una ayuda al colegio de Sa Real para construir un polideportivo. El conseller d'Esports, Mario Avellaneda, rechazó esta propuesta porque el Consell sólo podría disfrutar de las instalaciones diez días al año y acusó de «inoperancia» al anterior Govern. También indicó que este dinero se va a emplear en la eliminación de barreras arquitectónicas en los colegios. La consellera popular Carolina Torres lamentó que no se fomentara la práctica del deporte y se dejara escapar esta oportunidad.

El Consell rechazó otra de las propuestas del PP para potenciar la instalación de desfibriladores en instalaciones deportivas porque consideró más importante dotarlas de personal médico, ya que estos aparatos «es mejor que los utilicen profesionales».

Durante el pleno también se aprobó la cuenta general de 2006, que revela que se ejecutaron diez millones menos de lo previsto. Además se confirmaron sanciones de 60.000 euros al residencial Allà Dins y se redujo la multa a Pizza Luego de 30.000 a 4.000 euros. También se sancionó con 4.000 eruos al restaurante La Noria de Cala de Bou por prestar servicios sin autorización.