27/09/07 0:00
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B. R. Un centenar de vecinos afectados por el deslinde de Sant Joan se reunieron la noche del martes para tratar la problemática que los ocupa en los últimos días. Tras la reunión, Tomás Suárez, portavoz de la plataforma contra la delimitación marítimo-terrestre, explicó que se acordó presentar las alegaciones de forma individual y, según los previsto, se entregarán el próximo lunes ante la Demarcación de Costas en Eivissa.

Estas alegaciones tratarán de demostrar, según Suárez, los errores de mediciones tipográficas que existen en la documentación con la enumeración de 700 hitos o mojones mal situados de los 1.700 que nombra el Ministerio de Medio Ambiente.

Otra de las alegaciones que hacen los afectados ante el tercer proyecto de deslinde es reiterar que las zonas de Sant Miquel, Portinatx y Sa Cala son núcleos urbanos «por imperativo legal». La mayoría de los reunidos anoche en el Ayuntamiento tiene sus fincas, hoteles, apartamentos, restaurantes y viviendas dentro de la franja de protección que marca el nuevo deslinde, que es de 100 metros.

El portavoz de la plataforma contra el deslinde aseguró que en las próximas semanas se quiere solicitar una cita tanto con los responsables políticos del Consell Insular d'Eivissa como con el presidente del Govern balear, Francesc Antich, para trasladarles sus inquietudes. Respeto al Ayuntamiento de Sant Joan y a su alcalde, Antoni Marí Carraca, ya han mostrado su apoyo a los afectados al considerar que el nuevo deslinde del litoral del municipio de Sant Joan no se corresponde con la realidad. De hecho, el alcalde del municipio ya declaró en su día que este nuevo anuncio de delimitar la zona marítimo-terrestre la sorpresa del proyecto por la rapidez con la que se sacó a exposición pública, sin tener ninguna noticia desde la administración local.

El Consell Insular d'Eivissa, por su parte, mostró su intención de colaborar con el Ayuntamiento de Sant Jona aunque le recordó que tendría que haber informado de sus núcleos urbanos a Costas. En este sentido, la máxima institución insular señalo que la situación actual se arrastra porque cuando se aprobó la Ley de Costas en el 1988, el Ayuntamiento de Sant Joan no comunicó cuáles eran las zonas urbanas consolidadas del municipio. «Esto ha provocado que 20 años después la demarcación de Costas haya llevado a cabo una delimitación sin contemplar ninguna zona urbanística consolidada porque no tiene información», alegó la pasada semana Pilar Costa.