Costas asegura que no tiene intención de convertir el Don Pedro en un arrecife artificial

Según informó la organización, que se opone a que el Don Pedro permanezca hundido frente al puerto de Eivissa, «ya que contiene elementos tóxicos en su estructura», Fernández remitió una carta al director ejecutivo de Oceana en Europa, Xavier Pastor en respuesta a una pregunta previa «destinada a aclarar la cuestión de quien dispone de las competencias finales sobre este tema y a conocer de primera mano la posición del Gobierno central sobre el mismo».

En las últimas semanas se han repetido los rumores sobre la posibilidad de convertir el Don Pedro en un arrecife artificial, a lo que «Oceana se opone, y mucho más si se hace con el cínico argumento de que va a convertirse en un arrecife artificial».

«Para que pudiese calificarse como tal, al Don Pedro debería eliminársele, por parte de una empresa especializada, todos los componentes tóxicos como aceites, pinturas, cableado con productos clorados y metales pesados, PVC, y otra serie de productos que lo convierten en un permanente foco de contaminación marina. Estas operaciones no podrían ser llevadas a cabo en ningún caso por buceadores, y tendrían necesariamente que realizarse en tierra firme», declaró Pastor.

Oceana es una organización internacional que trabaja para proteger y recuperar los océanos del mundo.
Por otra parte, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, comparecerá hoy en la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados para ofrecer explicaciones sobre las actuaciones que se han llevado a cabo desde su departamento en la extracción de los residuos derivados tras el hundimiento del Don Pedro y detallar la futura política que realizará el Gobierno en los próximos meses. Por el grupo popular intervendrá el diputado Enrique Fajarnés y por el socialista José Ramon Mateos.

Narbona aprovechará su comparecencia para trasladar al resto de grupos parlamentarios las actuaciones que ha diseñado el Ministerio de Medio Ambiente, y que responden al «compromiso» adquirido por el Estado para «ayudar» a las instituciones de Balears a «recuperar» los fondos marinos afectados.