Gesa confirma que modificará el trazado del gasoducto para minimizar las expropiaciones

Para ello, y según el conseller, deberán mantener una reunión con el Ayuntamiento de Sant Antoni para que la administración local asesore por dónde puede discurrir el trazado en algunas zonas más «problemáticas», como sucede a la altura de la entrada de Cala Gració: «Sant Antoni está redactando sus normas subsidiarias y deben ser ellos los que nos asesoren sobre cuál es el camino más adecuado». Aún así, el conseller indicó que está previsto que a mediados de octubre ya está finalizada la redacción del nuevo trazado, que debe discurrir desde Cala Gració hasta la central eléctrica de Gesa, en el municipio de Vila.

En relación al proyecto que ahora se debe modificar y que afecta a más de un centenar de propietarios de terrenos particulares según la información pública de las administraciones locales afectadas, el director balear de Gesa Gas resaltó que en su momento se redactó sobre los planos de la autovía, «que aún eran un proyecto provisional». Además, recordó que la infraestructura es «básica» para la sociedad balear por lo que indicó que el objetivo es «ofrecer el mejor servicio posible y por tanto adecuar el proyecto a la realidad social y necesaria del terreno de Eivissa». De hecho, la directora general d'Energia reconoció que el gasoducto, además de ser una infraestructura necesaria, es un «hito muy importante» no sólo por el cambio en el uso doméstico sino también por la «generación de la electricidad ya que reducirá las emisiones». Por ello, compartió también la idea de conseguir un trazado que sea lo «menos problemático posible y no se produzcan expropiaciones».

Aún así y tras el consenso de todas las partes implicadas de modificar el trazado de la conducción, Javier Nausía apuntó que en ningún momento «primará la rapidez sobre la seguridad ni la comodidad sobre la seguridad» y, aseguró que se encontrará un punto «donde la seguridad se mantenga en todo momento y después se adecuará sobre el terreno». Por otra parte, descartó que las modificaciones retrasen el plazo de ejecución de las obras, que en un principio era de seis meses: «El equipo ya está trabajando en buscar una solución positiva para todas las partes, por lo que debe agilizar pero nunca entorpecer el proceso».