La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha desestimado un recurso presentado por los letrados del músico Michel Cretu para impedir la entrada en la mansión de los técnicos del Ayuntamiento que pretendían iniciar los trabajos encaminados a su derribo.
El abogado de Cretu recurrió en su día el auto dictado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Palma en el que se autorizaba a los funcionarios del Ayuntamiento a entrar en la casa para proceder a la ejecución forzosa del plan de demolición. El Consistorio recurrió a la Justicia para poder entrar en la mansión visto que había pasado el plazo otorgado al afectado para derribarla sin que se hubiera dado por aludido y visto que no se facilitó la entrada de los técnicos municipales en la casa.
En la sentencia del TSJB se desestima el recurso presentado por el abogado de Cretu y además se obliga al músico a pagar las costas de la apelación. Contra esta decisión de los jueces no cabe recurso ordinario.
El 27 de enero de 2006 el Ayuntamiento de Sant Antoni denegó la legalización de la obra. Esta decisión municipal se enmarca en el proceso de ejecución de la sentencia de derribo de esta mansión. Hay que tener en cuenta que Baloo Music S.A. -entidad de Michel Cretu- pidió licencia para edificar la mansión, un permiso que le fue concedido por el Ayuntamiento de Sant Antoni pero que fue declarado nulo por los tribunales.
Este caso se está investigando también por la vía penal para delimitar las posibles responsabilidades en las que pudieron incurrir los concejales que aprobaron la licencia para construir esta mansión en 1992. Actualmente la Audiencia Provincial está pendiente de pronunciarse sobre el archivo de la causa penal que dictó en noviembre el juez instructor del caso, Juan Carlos Torres. Tanto la Fiscalía como el GEN anunciaron en su día que recurrirían en apelación por no estar conformes con el sobreseimiento de este caso, que investiga la concesión de una licencia a la mansión del músico Michel Cretu en la cima de un monte de Santa Agnès por parte del Ayuntamiento de Sant Antoni.
En marzo comenzó a contar el plazo de 18 meses dado por la Justicia para ejecutar el derribo de la mansión.
En su recurso, el abogado de Michel Cretu reclamaba a los jueces que no den permiso al Consistorio para entrar en la mansión porque todavía es susceptible de ser legalizada. En su día, el letrado explicó que la modificación de las leyes urbanísticas puede determinar la inaplicabilidad del contenido de una sentencia.
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