El COAIB, un colectivo, en palabras de Ferrer, «muy implicado en el urbanismo», recibe «muchas quejas de compañeros que nos demandan que intervengamos -en la medida de nuestras posibilidades- en las demoras en la tramitación de las licencias», dependientes de los consells y los ayuntamientos. Según el arquitecto, la situación se ha agravado en los últimos tres años, lo que ha llevado al COAIB a enviar quejas por escrito a las administraciones, aunque la mayor parte de éstas se han formulado verbalmente. «Resulta evidente que en todo esto influye otra cuestión que hemos denunciado muchas veces, que es la enorme disgregación de la normativa a aplicar, que incluso puede ser en algunos momentos contradictoria, por lo que son objeto de interpretación discrecional por parte de los funcionarios o de los empleados o de los contratados por la administración» de turno.
A juicio de Ferrer, resulta contraproducente para el funcionamiento juicioso y ágil de esta función administrativa el hecho de que las normativas «estén vinculas a diversas divisiones de la administración, como Medio Ambiente, ayuntamientos, consells, Costas...». «Este maremágnum normativo y falta de medios de la administración», continuó, crea «una bola de tal calibre que lo dificulta todo, con la consecuencia de que los promotores pagan ese retraso». El arquitecto dijo que no sabe cuántas licencias duermen en el limbo burocrático -sí apuntó que las quejas son «bastantes»- y recordó que el silencio administrativo «no es una figura de aplicación automática».
Sobre el PTI dijo que cuenta con el arbitraje de la comisión de urbanismo (Ciotupha), «facultada para dictar instrucciones técnicas, algunas de las cuales están ya en la aprobación», pero añadió que, en la práctica, «no hay un árbitro mientras el Parlament emita leyes o decretos que no no se cruzan de forma transversal con otros que ya existen». En cuanto, al árbitro último, es decir, los tribunales, recordó que son el más lento de los mecanismos. Sí consideró loable que el PTI disponga de «dos o tres instrucciones técnicas de aclaraciones, como en las ampliaciones de viviendas o cómo interpretar las partes comunes de la edificación a efectos de si cumple los 90 metros cuadrados mínimos si está en zona Plan de Ordenación de la Oferta Turística». Ferrer reclamó más presencia de arquitectos en las administraciones con el fin de que se puedan agilizar los trámites derivados de las solicitudes de permisos para construir.
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