El Govern balear cifró ayer en un millón de euros los gastos que le ha supuesto el hundimiento del Don Pedro y expresó su deseo de que el barco sea retirado del mar, aunque es consciente de los riesgos ambientales que ello conlleva, por lo que acatará lo que digan los técnicos. El conseller de Presidència, Albert Moragues, aseguró que el desembolso que ha realizado hasta ahora el Govern con motivo del accidente, ocurrido el pasado 11 de julio, supera las expectativas iniciales de 300.000 euros y no incluye actuaciones que aún no han finalizado. Ese millón de euros tampoco incluye lo que han desembolsado el resto de instituciones implicadas, como el Gobierno central, el Consell d'Eivissa y el Ayuntamiento de Vila. Tanto el Consistorio como el Consell ya han decidido personarse en la causa judicial abierta por el suceso para intentar recuperar el dinero. El conseller aludió a la máxima de «quien contamina, paga», razón por la que el Govern exigirá a Iscomar, única responsable del hundimiento del buque, que abone la cantidad económica que el Ejecutivo autonómico ha tenido que adelantar para sufragar las tareas de limpieza y descontaminación de las zonas afectadas.
En este contexto, Moragues enfatizó que se trata de la operación anticontaminación más importante realizada en España, para la cual el Ministerio y el Govern se han basado en las experiencias extraídas en el hundimiento del Prestige. Recordó que para evitar la propagación del fuel se han utilizado 30 kilómetros de barrera anticontaminante, «lo que no tiene precedentes en España», además de recursos materiales y humanos.
Moragues compareció junto con la consellera de Interior, María Àngeles Leciñena, y el de Medi Ambient, Miquel Àngel Grimalt, tras mantener una reunión con otros representantes del Consell y de Vila.
Reflotamiento
Preguntado sobre el destino del barco de Iscomar, que permanece hundido a unos 40 metros de profundidad, Moragues aseguró que la decisión compete al Ejecutivo central, si bien no ocultó que al Govern le gustaría que «se lo llevaran». No obstante, admitió que la operación es «complicadísima», opinión que comparte Leciñena, quien aseguró que existe el riesgo de que el pecio se parta mientras es reflotado, y por Grimalt, que apuntó que el Ministerio de Medio Ambiente cree incluso que ambientalmente sería más agresivo sacarlo que dejarlo. «Es un barco machacado, viejo y muy dañado. Hay peligro de que se rompa y además, el desguace más próximo a España que existe está en Turquía, lo que dificulta muchísimo su traslado», explicó Moragues. Aun así, agregó que el Govern desearía que pudieran llevárselo porque su presencia en el fondo del mar entraña un peligro latente.
Por otro lado, Leciñena confirmó que las tareas de descontaminación total del barco finalizarán a finales de octubre, si bien matizó que la primera fase de esta tarea, la de la extracción de los líquidos contaminantes, se cerrará en un día o dos. Aseguró también que en el interior del barco ya no quedan fuel ni aceites sucios y estimó que tampoco hay gasóleo y que apenas quedan 10 metros cuadrados de «aceites limpios», por lo que restará acometer la extracción de materiales sólidos, como las baterías de los coches que almacenaba el barco.
El conseller de Medi Ambient se congratuló de la «reducida afectación» que ha tenido el suceso en el parque natural de ses Salines, aunque reconoció que es pronto para hablar de las consecuencias negativas a largo plazo sobre la posidonia y la fauna marina. Actualmente, excepto una leve contaminación en la entrada del parque en la zona rocosa, «hay muy poca cosa dañada».
Los trabajos de descontaminación desarrollados por la Conselleria han permitido recoger 180 toneladas de fuel, para lo que fue necesario el uso de nueve embarcaciones, una avioneta y un helicóptero. A finales de octubre la descontaminación estará terminada. Será entonces cuando el Ministerio de Medio Ambiente deberá determinar en base a los informes técnicos si lo más conveniente es reflotar el barco o dejarlo en el fondo del mar.
Moragues recalcó la positiva y rápida actuación de las administraciones para paliar los daños del suceso, pero lamentó la falta en Balears de un plan de descontaminación de aguas marinas, razón por la cual el actual equipo de gobierno ya ha empezado a prepararlo, en el contexto de un plan de emergencias marítimas.
En la reunión también estuvo presente la consellera insular de Promoció Turística, Pepa Marí, que mostró su satisfacción por el resultado del encuentro. También se mostró satisfecha por la labor conjunta que se ha hecho para «limitar los efectos negativos» del accidente.
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