El Govern presentará en unos meses un plan de vivienda para paliar el déficit

Este plan tendrá como aspecto «prioritario» la rehabilitación de viviendas mediante una «novedosa ley de barrios» que contemplará un paquete de medidas que servirán para «incentivar» la remodelación de barrios y pueblos de las Islas Baleares.

En segundo lugar, el ejecutivo autonómico quiere alcanzar «un pacto por la vivienda» con agentes inmobiliarios y sociales, colegios profesionales, consells insulars y ayuntamientos.

El objetivo final es poner en el mercado viviendas con precios tasados que supongan para los ciudadanos «un desembolso razonable», comentó Carbonero
El conseller, como tercer aspecto del plan, quiere incentivar la construcción de viviendas públicas para personas con ingresos reducidos que construye el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi).

Estas medidas son la propuestas del Govern ante una cuestión que «preocupa» a los ciudadanos, aseguró el titular de Vivienda y Obras Públicas, que también se refirió a la iniciativa de la Junta de Andalucía de garantizar que el esfuerzo para comprar una vivienda no supere un tercio de los ingresos familiares, ni una cuarta parte en el caso de alquiler.

Para Carbonero, la iniciativa es «positiva» porque de este modo se «materializa» la intervención de la administración pública en el mercado de la vivienda.

El mercado de la vivienda, consideró el conseller, se está comportando de «manera injusta» con los ciudadanos al «incumplirse de manera manifiesta» el precepto constitucional de acceder a «una vivienda digna», por lo que es necesario «de manera urgente actuaciones como las del gobierno andaluz».

De todos modos, Carbonero precisó que este tipo de actuación no es trasladable a otras comunidades donde la problemática es «diferente» desde el punto de vista de la demanda y de la disponibilidad de territorio.

En el archipiélago es «viable» mantener «objetivos parecidos» en política de vivienda a los que se están adoptando en Andalucía o Cataluña, pero «haciendo más énfasis en la sostenibilidad y preservación del territorio, y en la limitación del crecimiento urbanístico».

En estos momentos, la mayoría de la población de Baleares, también las clases medias, tienen enormes dificultades para acceder a una vivienda y, en la medida en que han ido subiendo los tipos de interés, existen «muchas dificultades» para pagar los préstamos hipotecarios, manifestó el conseller.

La propuesta de la Junta de Andalucía ha recibido críticas y alabanzas de las autonomías en función del color político de su Gobierno.
Así, las comunidades gobernadas por el PP (La Rioja, Comunitat Valenciana, Castilla y León, Navarra, Murcia y Madrid), consideran «electoralista» el plan que prepara Andalucía.

Las autonomías que regenta, solo o en coalición, el PSOE (Asturias, Galicia, Extremadura, Castilla-La Mancha, Cataluña, Aragón, Baleares y Cantabria), apoyan la futura norma y aseguran que es un derecho que recoge el artículo 47 de la Constitución.