El pleno del Consell aprobó ayer, con los votos en contra del PP, la modificación puntual del Plan General de Vila que permite llevar a cabo el proyecto de remodelación Eivissa Centre. La decisión fue acogida con grandes críticas por parte del líder del PP, Pere Palau, que aseguró que el proyecto «incumple todas las normas urbanísticas vigentes y fomenta la masificación», además de que la empresa que lleva a cabo Eivissa Centre, Brues S.A. «fue elegida a dedo». A todas las presuntas ilegalidades denunciadas por el PP durante los últimos meses se une ahora una nueva: el decreto que dictó hace unos días el Ayuntamiento de Vila derogando un decreto anterior que daba por aprobado Eivissa Centre «es ilegal». Según el líder de la oposición existen dos posibilidades para anularlo, según marca la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo para revisar oficios administrativos, y en ninguna de ellas se enmarca el documento que firmó hace pocos días Santiago Pizarro como alcalde accidental.

Además, según Palau existe jurisprudencia que prohíbe que «actos administrativos que estén sometidos al tribunal, como es el caso del decreto que aprobó Eivissa Centre, puedan ser variados en su contenidos por la Administración». Por todo ello, el grupo popular del Consell votó en contra porque aseguran que se niegan «a contribuir a este cúmulo de ilegalidades». También critican las «prisas» que han tenido Consell y Ayuntamientos para realizar todos estos trámites. «¿A quién beneficia esto?», se preguntó Palau, que echó mano del refranero americano para asegurar que «cuando una cosa no tiene explicación seguro que es porque tiene beneficio económico». El PP anunció asimismo por sorpresa en el pleno que se han personado en uno de los procedimientos contencioso-administrativos abiertos sobre Eivissa Centre. «Este tema no se acaba aquí, no somos tan tontos», dijo Palau, que aseguró que, de esta forma, serán los tribunales los que juzguen quién actuó correctamente.

El conseller de Política Territorial, Miquel Ramon, destacó que con la aprobación de ayer se pone fin a una «tramitación larga y tortuosa», después de que el proyecto lleve más de un año paralizado en la comisión de urbanismo tras la judicialización del caso. «Con esto eliminamos pleitos entre administraciones: Vila retira el decreto y se acaba la situación de confrontación», explicó Ramon, que no quiso entrar en la legalidad del decreto del Ayuntamiento porque asegura que el Consell se limita a votar el acuerdo de la comisión de urbanismo sin entrar si la política de Vila «es correcta».

Tras el pleno, el presidente del Consell, Xico Tarrés, consideró que los populares están equivocados en sus planteamientos al personarse en uno de los contenciosos. «Costará que me crispen», dijo Tarrés, que aseguró que para aprobar Eivissa Centre han seguido informes técnicos y jurídicos que les han indicado los técnicos del Consell. El presidente tampoco quiso pronunciarse sobre cuándo podrían comenzar las obras, porque esto «le corresponde ya al Ayuntamiento de Eivissa».