El que fuera capitán de la Guardia Civil en las Pitiüses Fructuoso Jiménez declaró ayer como imputado acusado de detención ilegal por haber arrestado a once antiautopistas en Can Malalt, entre ellos Miquel Ramon, que en esos momentos era diputado del Parlament y no podía ser detenido salvo delito flagrante. Jiménez, que declaró ante el juez por espacio de dos horas, esquivó a la prensa a su salida y aseguró, bastante enfadado, que no tenía nada que manifestar porque todo está investigándose en los Juzgados.
Según relató uno de los abogados de los antiautopistas, Josep Costa, el capitán durante su declaración hizo «constante referencia a que las decisiones no las tomaba él, sino sus superiores». Sin embargo, en los atestados «siempre constaba él como la persona que decidía». Jiménez insistió tanto en que siguió órdenes, que hasta el juez le dijo en un momento del interrogatorio «que si lo volvía a repetir se enfadaría».
El que fuera máximo responsable de la Guardia Civil en las Pitiüses se refirió a mandos de la Benemérita de Mallorca como las personas que le dieron orden de detener a los antiautopistas. Eso sí, no lo consultó ni con el director insular, José Manuel Bar, ni con el delegado del Gobierno, Ramón Socias. «Fue justo después de haberles detenido cuando el director insular se puso en contacto con él para decirle que no hiciera nada y que esperase; sin embargo, él ya había practicado las detenciones y consideró oportuno mantenerlas», dijo Costa.
El abogado del Estado que defiende a Jiménez alegó que su actuación «estuvo dentro de la legalidad» y actuó «dando cumplimiento a un auto judicial». Éste auto es el que autorizaba al Govern a entrar a la finca, aunque no se refería específicamente al acceso a la finca, sobre el que no había resolución judicial.
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