Cuando la promotora instaló las vallas para empezar a construir en esta zona de Port des Torrent, los vecinos se manifestaron en contra de la urbanización.

CLAUDIA ROIG La alarma saltó tras una denuncia del grupo ecologista GEN, quien aseguró que en el proyecto se incumplía lo estipulado en el plan parcial. «Los técnicos del Consell han examinado la denuncia y han llegado a la conclusión de que es cierto; se modifican viales, se invade una pequeña zona pública y se incrementa, a través de subterfugios, el número de viviendas de tal forma que se aumenta en un 50 por ciento la población posible», explicó el conseller de Política Territorial y i Urbanística, Miquel Ramon, quien informó de que la Ciotupha había acordado aceptar el informe técnico y jurídico y considerar que la licencia que dio el anterior equipo de gobierno de Sant Josep constituye «una infraccion urbanística grave y manifiesta».

Ramon explicó que los promotores habían utilizado trucos utilizando la figura de «local anexo» como dormitorio para evitar que esos metros fueran considerados como viviendas. De esta forma pasan de 122 a 248 apartamentos, con lo que la capacidad de población aumenta de 400 a 600 personas. No es la primera vez que la promotora intenta hacerlo, ya que, según el conseller, ya hicieron esta «trampa» anteriormente, cuando el Pacte gobernó el Consell entre 1999 y 2003. «Entonces se interpuso un contencioso y ellos cambiaron el proyecto para evitar una sentencia condenatoria», añadió Ramon, quien aseguró que cuando esta promotora «no vio peligro» volvió a presentar el proyecto antiguo. El plan parcial de esta zona de Port des Torrent data de octubre de 1987 y la primera licencia del Ayuntamiento se concedió en 2001.

El actual alcalde de Sant Josep explicó que la infracción es «grave», por lo que confirmó que en unos días se procederá a la anulación de la licencia vía decreto de alcaldía para revisarla. «Quiero pensar que habrá buena disposición por parte de la promotora y que no hará falta forzar un precinto», indicó Marí Ribas, que aseguró que por el momento la constructora sólo ha vallado el terreno y no ha levantado ningún apartamento. El Consistorio también pondrá en manos de los tribunales este asunto para que un juez «lo clarifique» y, en este sentido, se seguirán todas las recomendaciones del Consell.

Respecto al futuro de la zona, si la promotora respetase el plan parcial podría volver a pedir una licencia. «Si se adaptasen a los parámetros podrían construir, aunque nos gustaría que se adaptasen a la voluntad de este Ayuntamiento de reducir al máximo la edificabilidad», explicó el alcalde, quien matizó que lo ideal sería consensuar un nuevo diseño de la urbanización. También consideró que es difícil que este plan parcial se pueda anular vía revisión de las Normas Subsidiarias, ya que «los propietarios tienen unos derechos». De forma similar se expresó Miquel Ramon, quien matizó que la promotora tiene permiso para construir, aunque no para exceder el plan parcial. «Espero que no se cometa un atentado y, si se construye, que no sea ni tanto ni tan agresivo».