Los puertos de Balears son los que más ingresan de España por tasas a embarcaciones de recreo

En concreto, la Autoritat Portuària de Balears, que gestiona los puertos de interés general de las Islas (Palma, Alcúdia, Maó, Eivissa y La Savina), ingresó el año pasado 4'36 millones de euros en concepto de tasas a embarcaciones deportivas, sin contar los cánones que cobra a los concesionarios, una cantidad muy superior a la que ingresan las autoridades portuarias de Las Palmas (792.00 euros), Santander (721.000 euros) o Barcelona (561.000 euros).

Esta situación se debe al elevado número de amarres existentes en los puertos de interés general de las Islas. «La Autoritat Portuària administra un tramo de costa muy pequeño de la costa de Balears y aporta una parte muy importante de los amarres deportivos existentes, por lo que resolvemos muchos problemas», afirma el presidente de la Institución, Francesc Triay.

«Por otra parte, estamos agotando nuestras posibilidades de crear instalaciones náuticas en las zonas portuarias porque éstas ya están muy explotadas. Además, la demanda es tan potente que no se puede cubrir", añade Triay, quien apuesta como «solución de futuro» por potenciar las marinas secas. «El futuro debe ir por aquí, porque si todas las embarcaciones quieren estar en aguas abrigadas y en flotación, de ninguna manera se les puede dar solución sin sacrificar el litoral de una manera muy grave», afirma.

Esperas de cuatro años
La demanda de amarres en las zonas del puerto de Palma de gestión pública asciende aproximadamente a unas 1.400 peticiones, una cantidad superior a la oferta existente (1.217 unidades de atraque), lo que genera que la lista de espera se mantenga entre los cuatro años de Ca´n Barberà y lo seis años del Portixol, mientras que las demoras en Sant Magí y el Moll Vell se sitúan entre estos valores
Desde la Autoritat Portuària afirman no obstante que la demanda de atraques podría ser inferior, ya que registran peticiones de atraque por duplicado, en diferentes zonas del puerto, una situación que se produce por la escasa rotación de embarcaciones existente en las zonas de gestión pública y por las largas listas de espera.

Los precios de los amarres vienen determinados por los baremos que marca la Ley de Puertos del Estado y son sensiblemente inferiores a los que cobran los concesionarios, tanto de la Autoritat Portuària como del Govern, quienes los pueden aumentar en función de lo servicios que ofrecen. La variación de precios puede ser del orden del 50 por ciento, aunque existe variedad s egún la tipo de barcos y de servicios.